Periodismo vs gobierno; la batalla por cuestionar | Artículo de David Ordaz
Es cierto que una investigación o nota periodística también debe ir sustentada por pruebas, fuentes, etc.
- Redacción AN/ SBH

Desde el año 2000 de la alternancia política en México, las investigaciones periodísticas se han convertido en un elemento de cuestionamiento, presión y evidencia, tanto a quienes se investiga como del trabajo que no hacen los gobiernos por encubrirse de las tropelías y francos delitos que cometen al amparo del poder.
El Pemexgate, las toallas de 20 mil pesos, el “comes y te vas”, los video escándalos de Bejarano, la Casa Blanca y tantos y tantos más, son solo una muestra de la importancia de los medios de comunicación y del contrapeso que estos representan ante una clase política como la mexicana, llena de corrupción, manejo de recursos, delitos e impunidad.
A 26 años de esa alternancia llegó un grupo de izquierda radical encabezada por Andrés Manuel López Obrador, un político acomplejado, ignorante y rencoroso que al asumir el poder buscó venganza mandando al diablo a las instituciones que se crearon en regímenes anteriores para crear las suyas propias.
En ese contexto, ese grupo autodenominado como 4T y quien como oposición se manifestó por defender la libertad de expresión y a periodistas y comunicadores críticos, hoy en el poder buscan regular y censurar (aunque lo adornen con otras palabras) los cuestionamientos en los medios de comunicación y redes sociales.
Esa es una batalla, pero hay otras que se están librando en el campo del periodismo y la investigación. Hace unos días en su columna de opinión, el comunicador Oscar Balderas dio a conocer que el colectivo “Buscando Cuerpos en Todo México” ha encontrado unos 1,600 dientes de leche, de niños y niñas, en fosas clandestinas de Zacapu, Michoacán. Esto aduce que alrededor de 80 niños de entre 1 y 6 años habrían sido asesinados por el crimen organizado.
El hecho es estremecedor, sin embargo, sobre las piezas dentales encontradas entre 2021 y 2023 no hay información oficial al momento de cuántas han sido encontradas, ni a quiénes corresponden, ni la edad probable, tiempo y circunstancias en que murieron.
Hasta el mes de junio en México había más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para corroborar a cuántas víctimas corresponden, las posibles edades y bajo qué circunstancias murieron, se necesitan pruebas de ADN y análisis científicos, algo que podría tardar años ante la crisis forense que enfrenta el país.
Las Fiscalías, federal y de Michoacán han salido a decir que no cuentan con registro de hallazgo de las piezas dentales. Con esto, funcionarios y voceros afines al régimen en medios de comunicación y redes sociales pagados por el propio gobierno ya comenzaron con el “nado sincronizado” para atacar, minimizar y defender las acciones oficiales.
Es cierto que un solo diente encontrado en un horno de exterminio debe indignarnos y obligarnos a voltear a ver lo que pasa en México con las desapariciones, pues es una de las expresiones más brutales y de crueldad a las que nos estamos enfrentando como sociedad.
Pero también es cierto que una investigación o nota periodística también debe ir sustentada por pruebas, fuentes, etc.
Dentro del gremio periodístico, investigaciones y publicaciones realizadas por comunicadores como Oscar Balderas o Anabel Hernández han sido cuestionadas por su veracidad, fuentes y hasta métodos para conseguirlas.
Algunas de las batallas en redes sociales versan sobre si las fiscalías ya dieron su posicionamiento y ya con eso debemos conformarnos. Nada más falso. No porque alguna autoridad diga algo ya es la única verdad. El manto de impunidad entre ellos no conoce límites. Y es precisamente por eso que el periodismo de investigación bien hecho toma tanta relevancia.
Los trabajos realizados por estos dos comunicadores y otros más más que cuestionar, terminan abonando a la retórica gubernamental de que el periodismo es malo, el enemigo que solo quiere afectarlos.
En otro trabajo periodístico, el reportero de Tv Azteca, Irving Pineda presentó imágenes de Amilcar Olán, el contratista y amigo de Andrés Manuel López Beltrán, líder del grupo que controla el entramado de huachicol fiscal, el acto de corrupción más grande en la historia del país y que tiene controlado parte del gabinete, gobiernos estatales, secretarías de Estado, organismos descentralizados con gran poder de operación, entre muchos otros.
El reportero pasó varios días en Lugano, Suiza donde Jorge (Amilcar) Olán vivía escondido. Diversas imágenes pudieron captarlo desesperado, inquieto, drogándose, saliendo ocasionalmente a las calles y al intentar entrevistarlo se dio a la tarea de agredir. Un día después de la revelación, Olán huyó nuevamente.
Al ser cuestionada sobre este hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “no porque lo diga Tv Azteca se debe investigar” y que es la Fiscalía General de la República quien debe abrir una investigación al respecto. Si, la misma Fiscalía que llegó por dedazo y que se ha dedicado a blindar a todos los grupos políticos del gobierno vinculados con otros grupos delictivos.
Como periodistas, el trabajo no solo se queda en difundir el comunicado de las Fiscalías o la declaración de cualquier funcionario. Todas las historias tienen dos o más ángulos. Nuestro trabajo es salir a las calles, investigar bien, tener fuentes confiables y dar voz a todos aquellos involucrados para que el público que consume información tenga un criterio más amplio y tome mejores decisiones.
Hoy la batalla por cuestionar no solo es hacia el gobierno, también debe ser como gremio. El periodismo no solo es un engrane para la sociedad, es un contrapeso vital en un momento donde la libertad de expresión está en peligro.








