Paulo Díez Gargari acusa contradicciones de Scherer sobre el 'convenio de la vergüenza'

El abogado Paulo Díez Gargari afirmó que Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, en su libro “Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder”, se contradice respecto al llamado “convenio de la vergüenza, un acuerdo relacionado con la explotación del Viaducto Bicentenario, y por eso decidió presentar su libro como prueba superveniente en un juicio.

Díez Gargari explicó en entrevista para Aristegui en Vivo que decidió incorporar el libro de Julio Scherer como prueba porque detectó una contradicción fundamental.

En mayo de 2025, Julio Scherer presentó una demanda de daño moral contra Díez Gargari en la que afirmaba que ni él ni el presidente López Obrador habían tenido participación o conocimiento del “convenio de la vergüenza”; sin embargo, en su libro reconoce que fue el presidente quien instruyó la firma del acuerdo.

El abogado citó textualmente el fragmento del libro que motivó la presentación como prueba.

 A diferencia de lo que había sostenido anteriormente, quien ordenó que se firmara el convenio de la vergüenza fue el presidente López Obrador, quien instruyó al secretario Arganis para que se llevara a cabo.

“Tuve que comprar el libro, analizarlo y presentarlo como prueba superveniente, porque ahí se refleja lo que él mismo ha dicho públicamente y lo que ahora parece contradecirse; esto es relevante para el juicio porque evidencia inconsistencias que no pueden ignorarse”, explicó Díez Gargari.

El “convenio de la vergüenza”, según el abogado, es un acuerdo promovido por Scherer durante su paso por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mediante el cual se permitió a la empresa Aleatica continuar con la explotación del Viaducto Bicentenario, un bien nacional de uso común que, según Díez Gargari, carece de concesión federal válida.

“Cuando cuestioné esto y presenté demandas y denuncias, Julio siempre dijo públicamente que ni él ni el presidente participaron en el convenio. Ahora, en el libro, reconoce que fue el presidente quien instruyó la firma. Esto demuestra una contradicción clara y relevante”, dijo.

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Detalló la cronología de los hechos y dijo que la firma del convenio ocurrió durante un vacío de poder en la SICT.

Tras la salida del ingeniero Jiménez Espriú y la llegada del ingeniero Arganis, este último quedó incapacitado por enfermedad poco después, manteniéndose fuera de operación durante varios meses.

Mientras tanto, Scherer ejercía funciones estratégicas desde la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría y, según Díez Gargari, permitió que se firmara un acuerdo que beneficiaba a Aleatica y que contravenía la ley sobre bienes nacionales de uso común.

El abogado argumentó que Scherer actuó de manera encubierta y estratégica, promoviendo el convenio sin asumir responsabilidad directa.

“Él tomó control de la Secretaría de Infraestructura a mediados de 2020, aprovechando el vacío de poder; desde allí, permitió que Aleatica siguiera explotando el viaducto de manera irregular.

Cuando lo cuestioné públicamente y presenté demandas, dijo que ni él ni el presidente tenían participación; ahora reconoce lo contrario en su libro.

En cuanto a la decisión de usar el libro como prueba superveniente, Díez Gargari insistió en que se trata de un documento público, reciente y directamente relacionado con su demanda, que permite confrontar lo declarado anteriormente por Scherer ante un juez.

“Analicé el libro y determiné que contiene declaraciones que contradicen lo sostenido previamente en tribunales; esto es relevante, porque la ley permite usar evidencia que demuestra inconsistencias o contradicciones de un actor en un juicio”, señaló.

Díez Gargari también detalló la respuesta judicial de Scherer ante la presentación del libroy expuso que los abogados del ex asesor presidencial, sostienen que la obra “no tiene la naturaleza de documento emitido por autoridad alguna, ni constituye una resolución judicial firme”.

Tampoco, consideró la defensa de Scherer, puede ser considerado como un medio idóneo para demostrar la existencia de conductas delictivas; y que e trata de una obra de carácter editorial que contiene relatos, valoraciones y opiniones atribuibles a sus autores.

El abogado cuestionó esta postura y advirtió que las inconsistencias contenidas en él son relevantes para el proceso.

“Si yo escribo un libro y digo esto, lo estoy aceptando, no es una sentencia, pero sí evidencia contradicciones graves; él confunde la toma de decisiones de autoridades competentes con la supuesta participación individual del actor, pero el libro demuestra que estaba informado y no actuó para impedir irregularidades”, explicó.

En detalle, Díez Gargari sostuvo que la firma del convenio presentó irregularidades formales. El secretario Arganis estaba hospitalizado en el momento de la firma y no pudo haber autorizado personalmente el acuerdo; se utilizó una firma digital sobre un documento fechado mientras estaba incapacitado.

“Esto demuestra que el convenio fue instruido desde la Presidencia y que Scherer estaba al tanto, pero no actuó para impedirlo, y lo que publica en su libro es grave porque reconoce hechos que antes había negado”, agregó.

El abogado también subrayó que los juicios en su contra parecen buscar presión y desgaste, más que justicia.

Estos procesos no buscan justicia, buscan atormentar a quien habla verdades incómodas, presentaré una denuncia por fraude procesal, porque Scherer mintió ante un juez y luego publica lo contrario en su libro,esto tiene implicaciones legales.

Díez Gargari insistió en que la publicación del libro representa además una oportunidad perdida de debate público.

“Julio tenía la oportunidad de generar un debate abierto sobre decisiones que afectan bienes públicos, no lo hizo, sería positivo que aceptara un debate documentado y público donde la sociedad pueda formarse su propia opinión”, señaló.

El abogado explicó que, aunque no leyó todo el libro, sí revisó los pasajes clave que tocan directamente su caso.

“He leído secciones donde Scherer aborda el Viaducto Bicentenario y las decisiones tomadas en la Secretaría, ahí se reflejan contradicciones con lo que declaró en los tribunales, y eso lo convierte en prueba superveniente válida; no estoy usando todo el libro como prueba, solo los fragmentos relevantes que muestran inconsistencias”, aclaró.

Díez Gargari añadió que la relevancia del libro radica en aclarar hechos que afectan a la administración pública y bienes nacionales. 

“Esto no es opinión o relato literario. Cuando alguien ocupa un cargo como consejero jurídico del presidente, sus actos y palabras tienen consecuencias. Lo que Scherer reconoce en su libro es de interés público y legal, y por eso lo presenté como prueba”, concluyó.

El abogado reiteró que seguirá los procesos legales correspondientes y que la evidencia documental, y será clave para que los tribunales determinen responsabilidades.

Asimismo, Díez Gargari dejó abierta la posibilidad de un debate público, educativo y racional, con Scherer, sobre los hechos narrados, con la exposición de documentos y argumentos, permitiendo que la sociedad saque sus propias conclusiones.