El minimato de Claudia Sheinbaum | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Están aquí Luz Elena González y Omar García Harfuch porque,
en acuerdo con Martí Batres Guadarrama, quiero anunciar que,
se mantienen todos los secretarios y secretarias del Gobierno”

Claudia Sheinbaum Pardo *

El título de este artículo es una paráfrasis del nombre de uno de los mejores libros sobre el Maximato: El minimato presidencial: historia política del Maximato (1928-1935), de la autoría del historiador israelí y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, nacido en Uruguay, Tzvi Medin. Mutatis mutandis, es posible afirmar que, de facto, lo que anunció el 14 de junio pasado la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue su decisión de crear un minimaximato en la capital de la República para seguir intentando administrarla a distancia mientras continúa, como desde hace casi dos años, con sus giras por el país para posicionarse como candidata para la elección presidencial de 2024.

Aunque formalmente lo que dos días después decidió el Congreso de la Ciudad de México fue el nombramiento de un jefe de gobierno sustituto ante la ausencia definitiva de la jefa de gobierno electa, de hecho lo que Claudia Sheinbaum dio a conocer fue la forma y la estructura que diseñó, al margen de la Constitución, para que sea ella quien siga administrando la Ciudad de México en lo que resta del periodo para el que fue electa y que no concluyó porque se separó en forma definitiva del cargo para ir en busca de la candidatura presidencial de Morena.

Al menos eso es lo que ella pretende porque, aunque señaló en forma eufemística que todo lo que estaba anunciando -para no decir instruyendo- lo hacía “en acuerdo con Martí Batres Guadarrama”, falta ver cómo opera en la práctica el nuevo Gobierno que constitucionalmente debiera estar bajo la exclusiva responsabilidad de Martí Batres.

Se puede estar de acuerdo o no -como parece que en el fondo es el caso de Sheinbaum- con la designación de Batres por el Congreso de la Ciudad de México, pero a partir del 16 de junio de este año el jefe de gobierno -uno, no tres como pretende Sheinbaum- es Martí Batres y, de conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, él es el único titular del poder ejecutivo local y de la administración pública de la entidad federativa.

El poder ejecutivo de la Ciudad de México es unipersonal, no colegiado, aunque en eso pretenda convertirlo Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia para crear su minimato en la Ciudad de México, como un primer paso para intentar construir un Maximato en la capital de la república a partir de 2024.

Ni el Triunvirato establecido por Sheinbaum tiene base constitucional en la Ciudad de México, ni mucho menos es aceptable cualquier intento por establecer un Maximato en la capital de la república, como lo quiere la ahora ex jefa de gobierno por convenir así a sus intereses como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

El Triunvirato y el Maximato que pretende imponer Sheinbaum son inviables jurídicamente e inaceptables políticamente bajo el régimen democrático de la Ciudad de México. La forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de la Ciudad de México no puede estar sujeta a las decisiones políticas, los intereses personales o los caprichos ni de las y los gobernantes en turno ni, mucho menos, de quienes han dejado el cargo, pero pretenden seguir gobernando a través de otros. Un minimato en el cierre de la actual administración o, peor aún, un Maximato a partir de 2024, son contrarios a dichos principios constitucionales.

La entonces jefa de gobierno anunció, en un acto público con la presencia de los tres funcionarios involucrados en la decisión, que “el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del Gobierno de la Ciudad de México” y que en la nueva administración “se mantienen todos los secretarios y secretarias del Gobierno de la Ciudad”. Como si la decisión sobre quién sería su sustituto correspondiera tomarla a ella, Claudia Sheinbaum nos anunció lo que constitucionalmente debía resolver el Congreso de la Ciudad de México, sin importarle que quien será sustituida no tiene la facultad constitucional de proponer a su sustituto.

De inmediato quiso matizar su desplante autoritario, señalando que su decisión tendría que ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, pero el desliz ya había sucedido. En los hechos, todos los jefes de gobierno que han estado en este supuesto han propuesto a su sucesor, pero en los tres casos anteriores -con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y con el doctor Miguel Ángel Mancera- todos guardaron las formas evitando incurrir en un acto arrogante de ejercicio del poder y procurando, al menos, no evidenciar una injerencia en el Gobierno de quienes los sustituyeron.

Por si eso fuera poco, en la misma conferencia de medios la jefa de gobierno saliente dio instrucciones para ser ejecutadas por el nuevo gobierno. Utilizando un plural del presente de indicativo, tan chocante como falso y ajeno al proceso constitucional de sucesión por ausencia definitiva del o la jefa de gobierno, Sheinbaum instruyó a su sucesor y al gabinete que le impuso: “estamos dando tareas especiales … Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de seguridad ciudadana y el Gabinete de Seguridad y Justicia … Luz Elena González, ella estará a cargo de coordinar todas las tareas técnicas del gobierno … la propia Secretaría de Administración y Finanzas … obras públicas y acciones que se desarrollan en el Gobierno de la Ciudad … va a estar a cargo de ello … todo lo que tiene que ver con la relación con las empresas”.

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Pero si todo eso no bastara para dar forma a su pretendido “minimato” para lo que resta de la administración que dejaría de encabezar en menos de cuarenta y ocho horas, Sheinbaum remató: “se mantienen el funcionamiento del gobierno a través de gabinetes y los coordinadores de los mismos”. Si algo caracteriza a un Maximato es no solo la decisión de nombrar a un sucesor o sucesora al que se le dan instrucciones precisas sobre el funcionamiento de su Gobierno, sino al que se le impone una parte importante de su equipo de colaboradores, sobre todo en las dependencias que manejan las finanzas, la seguridad y las obras públicas. Aquí la imposición fue de todo el gabinete.

Sea por pragmatismo, por conveniencia política o porque no tenía alternativa, el futuro jefe de gobierno sustituto mostró aquiescencia con las instrucciones de la aún jefa de gobierno y con la imposición de la totalidad de su gabinete, de la política a seguir durante su Gobierno, de la forma de organizar la administración pública y de un virtual triunvirato para gobernar, en el que habría una jefa de la administración pública y un jefe de las instituciones de seguridad impuestos por Claudia Sheinbaum, que ejercerían el poder en forma colegiada con él, si es que queda algo que pueda ser ejercido por él.

Esas decisiones resultan contrarias a la lógica jurídico-política que informa el contenido de las disposiciones constitucionales que regulan el funcionamiento del poder ejecutivo y las facultades de su titular, sea electo o designado. En democracia, el respeto de dichas disposiciones constitucionales es un asunto de interés público y no solo de la incumbencia del titular del poder ejecutivo.

Nombrar y remover libremente a su gabinete -o con la aprobación del Congreso de la Ciudad de México en el caso de un Gobierno de Coalición- y dirigir la administración pública y las instituciones de seguridad ciudadana son facultades exclusivas de la o el jefe de gobierno; la Constitución no permite su ejercicio compartido o colegiado, ni con su antecesor o antecesora, ni mediante un triunvirato designado por quien habiéndose separado del cargo pretende, con una concepción patrimonial del poder, seguir al frente de los asuntos de la Ciudad de México a través de “todo su gabinete” que permanece en el nuevo gobierno por designio de ella.

Si se contrasta esta decisión política, que limita las facultades constitucionales del recién nombrado jefe de gobierno, con lo que señala la Constitución de la Ciudad de México para el caso de quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno, lo absurdo y abusivo de la pretensión de imponer el minimato resulta más que evidente. Incluso el jefe de gobierno provisional -que no es el caso, pues Martí Batres es jefe de gobierno sustituto- puede remover y designar a los miembros del gabinete, previa autorización del Congreso. En el minimato de Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno sustituto no puede hacerlo sin el consentimiento de ella, aunque la Constitución se lo permita.

La concepción patrimonial del poder que está en el fondo del minimato de Claudia Sheinbaum no es un asunto menor; no solo porque es contraria a los principios constitucionales del ejercicio del poder sino porque podría ser premonitorio de su intento por consolidar un Maximato en la Ciudad de México mediante la imposición de su candidato a la Jefatura de Gobierno para que, en caso de que Morena gane las elecciones federales y locales en la capital de la república en 2024, el próximo sexenio la Ciudad de México se gobierne desde Palacio Nacional.

Este escenario podría llevarnos a la reedición de la famosa frase del Maximato que hacía referencia al presidente en turno y al Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles. Solo que ahora rezaría así: “Aquí despacha el jefe de gobierno, y la que manda, al lado”. El Maximato de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México significaría el regreso al antiguo régimen, añorado por los morenistas y recientemente ensayado en la Ciudad de México, en el que la administración de la capital estaba a cargo del presidente de la república, quien la ejercía mediante un departamento de la administración pública federal. Tiempos ominosos de ausencia de democracia, concentración del poder y autoritarismo en la Ciudad de México, que suponíamos superados e irreversibles.

* Claudia Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno de la Ciudad de México
y es una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena