Artículo 19 cuestiona al nuevo órgano de transparencia; su titular defiende resultados

A casi tres meses de su creación, el organismo Transparencia para el Pueblo, que sustituyó al desaparecido INAI, presenta graves deficiencias en la protección del derecho de acceso a la información pública, denunció Artículo 19.

La organización documentó que el 99.6% de los recursos de revisión que ha resuelto este nuevo órgano han sido desechados, en su mayoría por motivos de forma. Sin embargo, Transparencia para el Pueblo niega las cifras y las considera ‘mal interpretadas’.

Martha Tudón, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó en Aristegui En Vivo que en el momento en que realizaron su análisis, la institución había recibido 2,254 solicitudes, de las cuales sólo 457 habían tenido una respuesta, y de esas, el 99.6% fueron desechadas.

Tudón señaló que esta cifra plantea dudas sobre la operatividad del órgano garante: “La capacidad de análisis de Transparencia para el Pueblo en comparación con la tasa que tenía el INAI, pues es una diferencia sustantiva”.

Enfatizó que, en promedio, el INAI -ahora extinto- resolvía alrededor de 1,790 recursos mensuales, mientras que Transparencia para el Pueblo solo había tomado decisión sobre 457 en dos meses.

Asimismo, consideró que dentro del portal del nuevo organismo hay inconsistencias: “Aunque se reportara como desechada cierta solicitud, realmente cuando se metía una persona en el expediente podías ver que no correspondía lo que estaba siendo resuelto”.

Agregó que muchas de las solicitudes fueron desechadas por cuestiones técnicas o administrativas, lo cual —según afirmó— contradice los artículos 148 y 169 de la ley, que obligan al órgano garante a asistir a los ciudadanos para obtener la información, incluso si las solicitudes presentan errores.

“Ya las dependencias federales pueden negarse […] por esto de que se incorpora la paz social como criterio para reservar información, y también una figura que se llama daños al interés del Estado”.

Aseguró que las personas enfrentan múltiples obstáculos para obtener datos públicos y que, actualmente, “aunque tengas una respuesta de desechamiento por parte de Transparencia para el Pueblo, pues en este momento no hay nada que puedas hacer porque los tribunales especializados se quedaron congelados”.

En respuesta, María Tanivet Ramos Reyes, titular de Transparencia para el Pueblo, declaró que la afirmación del 99.6% de desechamiento estaba “fuera de contexto” y explicó el proceso legal detrás de los recursos de revisión.

Durante su participación en Aristegui En Vivo dijo que “la ley establece que Transparencia para el Pueblo tiene un plazo de 5 días para admitir, para prevenir o para desechar un recurso de revisión”. Detalló que entre las causales de desechamiento se encuentran la extemporaneidad o que el asunto ya esté siendo atendido por otra autoridad.

Ramos afirmó que, al 11 de julio, se habían recibido 2,635 recursos de revisión, de los cuales 385 fueron desechados. “Todos los demás, el 85% que resta, están en plazos para ser atendidos”, indicó. Aseguró que los plazos establecidos por ley son de 40 días hábiles, prorrogables a 60, y que las resoluciones se irán publicando conforme se cumplan esos periodos.

La funcionaria defendió la actuación de la institución: “Transparencia para el Pueblo tiene el compromiso de que sus actuaciones estén al escrutinio público”. Añadió que el portal permite a cualquier persona consultar las fechas de admisión, prevención, resolución y cumplimiento de los recursos.

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Ramos negó que se estuvieran omitiendo apoyos a los ciudadanos para corregir errores en sus solicitudes. “Como nos mandata la ley, estamos aplicando la suplencia de la queja y lo hacemos de manera responsable”, sostuvo.

Destacó que, a diferencia del pasado, ahora hay mayor apertura en el proceso de sustanciación de los recursos: “Se hace más transparente nuestro actuar y esto es algo que no sucedía con el INAI”.