“No tenía por qué morir”: cómo un centro de detención falló una y otra vez ante una crisis de salud mental | Reportaje ProPublica y Texas Tribune

Por Perla Trevizo, ProPublica and The Texas Tribune

Este artículo fue publicado originalmente por ProPublica

Los guardias de un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, podían ver a un detenido en su celda con la orilla de una sábana enrollada en el cuello y la otra atada a la perilla de la puerta. Si la abrían, la tela se tensaría y terminaría estrangulandolo.

El detenido, Geraldo Lunas Campos, llevaba un mes recluido en Camp East Montana. El centro era relativamente nuevo y había sido inaugurado como parte de los planes del gobierno de Donald Trump para detener y deportar rápidamente a miles de inmigrantes.

Casi de inmediato tras su ingreso, el inmigrante cubano de 55 años comenzó a expresar frustración por la atención que recibía, según un informe de investigación del médico forense de casi 300 páginas que no ha sido publicado.

El informe, revisado por ProPublica y The Texas Tribune, incluye docenas de anotaciones que detallan las interacciones del personal médico con Lunas Campos, quien tenía antecedentes de enfermedad mental y previamente había sido internado en Nueva York.

El documento y los registros que contiene ofrecen una mirada poco común y perturbadora sobre cómo los centros de detención migratoria, establecidos con rapidez y con escasa supervisión, manejan a los detenidos con necesidades graves de salud mental. Los registros retratan a un hombre en crisis y a un centro cuyo personal, en varias ocasiones, discutió su traslado a una instalación donde pudiera recibir un mayor nivel de atención.

Según los registros, Lunas Campos se quejó al menos ocho veces ante el personal por la omisión o retraso en la administración de medicamentos antipsicóticos recetados para tratar su depresión, ansiedad y alucinaciones. “Expresó frustración respecto a la dosis de su medicamento”, señala una anotación del personal médico del 9 de septiembre.

Los registros también documentan momentos de desesperación que derivaron en autolesiones. Se golpeó la cabeza contra la pared al no poder pagar los cargos para hablar con sus hijos en Nueva York, lo que le dejó un ojo morado. En respuesta, el personal se limitó a anotar que hablaron con él sobre “no golpearse la cabeza contra la pared porque debe cuidar su cerebro y sus ojos”.

El incidente con el nudo de la sábana y la perilla de la puerta ocurrió a principios de octubre. Un proveedor de salud mental finalmente logró convencerlo de desatarla. Las notas sobre el incidente indican que Lunas Campos afirmó que no tenía intenciones suicidas. En las notas se descartó lo ocurrido como un “gesto suicida realizado para forzar al personal de seguridad a liberarlo” de la celda de aislamiento donde estaba segregado del resto de los detenidos. La hospitalización, según el registro, “no estaba clínicamente indicada en este momento con base en el riesgo evaluado y los factores de protección”.

Lunas Campos murió bajo custodia casi tres meses después, tras un altercado con guardias por su medicamento. La administración Trump sostuvo en un inicio que había sufrido una emergencia médica, pero posteriormente un médico forense determinó su muerte como un homicidio.

Las versiones contradictorias sobre la causa de su fallecimiento han generado gran atención mediática y han movilizado a organizaciones defensoras, que consideran este caso como una de las evidencias más contundentes de las condiciones peligrosas que enfrentan los inmigrantes en los centros de detención federales.

Sin embargo, poco se había reportado sobre la condición y el tratamiento de Lunas Campos antes de ese día. El 29 de junio, sus tres hijos presentaron una demanda contra las empresas que operaban el centro al momento de su muerte. La demanda alega que los guardias lo mataron y plantea negligencia, incluyendo la omisión de medicamentos y el uso indebido de la fuerza y las medidas de sujeciones. The Washington Post reportó días después, el 2 de julio, que Lunas Campos había buscado reiteradamente tratamiento para su enfermedad mental, citando el informe de investigación del médico forense. Las empresas no han respondido a las acusaciones en los documentos judiciales ni han contestado las solicitudes de comentarios por correos electrónicos o por teléfono.

ProPublica y The Texas Tribune revisaron el contenido del informe semanas atrás. Dos médicos, expertos en salud mental y en muertes bajo custodia, también lo analizaron a petición de ambos medios. La conclusión fue clara: el detenido pidió ayuda y el personal del centro no respondió de manera adecuada.

Las redacciones también revisaron por separado más de 160 llamadas de emergencia, así como registros y entrevistas con personal y funcionarios de gobierno familiarizados con el centro de detención. Estos documentos evidencian emergencias médicas y de salud mental más allá del caso de Lunas Campos, además de testimonios de empleados que se sentían poco preparados para responder. Los detenidos tenían acceso limitado al aire libre y a las actividades recreativas, algo que, según expertos en salud mental, agrava su desesperación. El personal también ignoró señales de alerta, como los intentos previos de autolesión por parte de los detenidos.

“Se trata de una detención civil”, dijo Will Horowitz, abogado que representa a los hijos adultos de Lunas Campos en la demanda. “No están detenidos porque hayan cometido un delito”.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a múltiples solicitudes de entrevista ni contestó una lista de preguntas por escrito. La administración ha desestimado los testimonios de detenidos sobre atención médica deficiente y malas condiciones en Camp East Montana y otros centros de detención; los califica de “falsos” y los llama “clickbait alarmista”. Funcionarios federales han dicho repetidamente que, para muchos inmigrantes, la atención médica que reciben en detención es la mejor que han tenido en su vida.

En el caso de Lunas Campos, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, minimizaron en un principio el incidente que derivó en su muerte, aludiendo a sus antecedentes penales. Después, en respuesta a reportes de que el médico forense planeaba clasificar la muerte como homicidio, un portavoz del DHS dijo que los guardias usaron la fuerza para impedir que se quitara la vida.

De acuerdo con The Associated Press, Lunas Campos fue sentenciado a un año de cárcel tras una condena en 2003 por contacto sexual con una menor de 11 años. También fue condenado en 2009 por intentar vender una sustancia controlada, con una pena de cinco años de prisión y tres de supervisión, según la agencia de noticias.

Horowitz sostuvo que los antecedentes penales de Lunas Campos son irrelevantes para su detención migratoria. Los hijos de Lunas Campos declinaron comentar sobre las fallas señaladas en el informe del médico forense o sobre sus antecedentes penales, pero, dijo el abogado, “quieren que la gente sepa que era una persona como cualquier otra y que no tenía por qué morir”.

En un informe emitido tras su muerte, funcionarios del DHS aseguraron que recibió evaluaciones médicas y psiquiátricas regulares, y que el personal ajustó su medicación cuando era necesario. También afirmaron que se le vigilaba por posibles ideas suicidas. Registros del médico forense de El Paso muestran un periodo en el que el personal del centro lo supervisó cada 15 minutos después de su intento de suicidio, conforme a los lineamientos federales.

Pero el informe del forense también evidencia una serie de fallas en la atención, según el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco. El especialista dijo que el caso de Lunas Campos es un claro ejemplo de cómo estos episodios se acumulan y pueden generar una crisis tras otra con desenlaces fatales.

“La trayectoria clínica documentada en su expediente —agitación creciente, autolesiones, habla acelerada, confrontaciones reiteradas con el personal por la medicación— es el resultado previsible de una administración irregular de fármacos psicotrópicos en un paciente con una enfermedad mental grave”, afirmó Basu.

El experto señaló que los registros muestran que el personal no trasladó a Lunas Campos a un centro que pudiera atender mejor su salud mental, pese a que desde el 8 de octubre se había planteado esa posibilidad. Además, Lunas Campos fue colocado en repetidas ocasiones en celdas de aislamiento, separadas del resto de la población y con poco más que una cama. Las normas federales de detención indican que se debe hacer todo lo posible para evitar el aislamiento de los detenidos con enfermedades mentales graves.

Peor todavía es que en lugar de tomar en serio su intento de suicidio previo, el personal lo interpretó como un intento de manipulación, dijo Basu.

Los registros, según Basu, evidencian claramente “negligencia sistémica”.

Un sistema que se desmorona

Se suponía que el Campamento East Montana sería el modelo a seguir para el funcionamiento de los centros de detención en todo el país bajo la administración del presidente Donald Trump. Ubicado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, contaba con acceso directo a una autopista y a una pista aérea para facilitar el traslado y la deportación rápida de migrantes sin autorización. Su localización, en una extensa zona árida dentro de Fort Bliss, permitía albergar hasta 10,000 personas a la vez, más que cualquier otro centro en el país.

Por el contrario, el centro de detención se convirtió en un ejemplo de todo lo que podía salir mal.

A pocos meses de su apertura, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que actualmente demanda al gobierno federal, publicó testimonios de inmigrantes que dijeron haber sido golpeados por guardias, privados de medicamentos vitales y mantenidos en condiciones insalubres, con aguas residuales que en ocasiones se filtraban en las áreas donde comían. Los detenidos contraían con frecuencia enfermedades como sarampión o tuberculosis. El gobierno no ha respondido formalmente a la demanda, pero, en declaraciones a la prensa, un portavoz del DHS calificó de “categóricamente falsas” las denuncias de condiciones inhumanas y abusos.

Los problemas en la atención a personas con padecimiento de salud mental eran menos visibles, pero se fueron acumulando de maneras que, según expertos, agravaban el sufrimiento psicológico y podían acabar en más intentos de suicidio. En los peores casos, señalaron, hubo muertes que pudieron evitarse.

El centro nunca fue diseñado para albergar a personas con enfermedades mentales graves, dijeron a ProPublica y al Tribune un funcionario del DHS y un proveedor médico que trabajó allí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a discutir las condiciones del lugar.

Varios empleados dijeron a los medios que contaban con información relevante, pero habían firmado acuerdos de confidencialidad.

El funcionario del DHS dijo que los inmigrantes no tenían espacio adecuado para leer, orar, escribir o acceder a servicios legales. Los mantenían en celdas sin ventanas y sin nada que hacer. A los detenidos también se les concedía poco tiempo al aire libre, en parte porque el espacio exterior del centro no era lo suficientemente grande para todos ellos, según determinó después un informe gubernamental. El gobierno federal exige que los centros de detención den a los detenidos al menos una hora diaria al aire libre, pero muchos recibían solo un par de horas por semana, según contaron detenidos a ProPublica y al Tribune.

“La recreación y las amenidades, los juegos, los libros, la televisión, son salvavidas para las personas detenidas”, dijo el funcionario del DHS, quien no participó en la elaboración del informe.

El confinamiento prolongado aumentó la ansiedad y la desesperación entre los detenidos, lo que en ocasiones derivó en huelgas de hambre y peleas. Se suponía que los inmigrantes debían permanecer en Camp East Montana un máximo de dos semanas, según documentos contractuales y declaraciones de funcionarios federales. Sin embargo, cuando murió Lunas Campos, la estancia promedio era de 38 días, según un análisis de ProPublica basado en datos oficiales entregados al Deportation Data Project, que recopila y publica información sobre la aplicación de las leyes migratorias. Él llevaba más de 100 días allí, mucho más tiempo que eso.

La doctora Katherine Peeler, asesora médica del grupo de defensa Physicians for Human Rights, quien ha estudiado la atención médica en centros de detención migratoria, dijo que las condiciones reportadas en Camp East Montana indican que no es un lugar seguro para ninguna persona detenida.

“Te han detenido. No sabes cuál será el proceso. No sabes cuándo te van a liberar”, dijo Peeler. “Es muy difícil confiar en quienes están a cargo para que te den información precisa, y por eso acabas sintiendo mucho más desesperación y angustia”.

La situación es peor para las personas con antecedentes de enfermedad mental, dijo Peeler. El aislamiento puede provocar trastorno de estrés postraumático, autolesiones y riesgo de suicidio, según un informe de 2024 que Peeler escribió en colaboración con otros autores, entre ellos estudiantes y personal de la Universidad de Harvard.

“Estamos generando una crisis de salud mental que no tendría por qué existir”, dijo Peeler.

Algunos detenidos en Camp East Montana que mostraban señales de posible autolesión fueron colocados en celdas de aislamiento que no eran a prueba de suicidio. Tenían perillas en las puertas y techos de malla donde los detenidos podían atar una sábana si querían hacerse daño, dijo el funcionario del DHS.

Los estándares nacionales de detención no especifican cuántas celdas a prueba de suicidio debe tener cada instalación, pero sí establecen con claridad que los detenidos con riesgo suicida deben colocarse en celdas “libres de objetos y elementos estructurales que puedan facilitar un intento de suicidio”.

“Es una locura”, dijo el proveedor médico que habló con ProPublica y el Tribune. “Si alguien quiere quitarse la vida, no hay ningún lugar donde ponerlo que sea realmente seguro”.

“Simplemente no lo hicieron”

Lunas Campos se encontraba en una de esas celdas cuando intentó suicidarse por primera vez. Para entonces, el personal ya había reportado al menos otros tres intentos de suicidio al 911.

Hubo dos llamadas en septiembre: una por un detenido que yacía en el suelo, sujetándose el estómago con dolor y sin poder hablar tras ingerir un objeto desconocido; otra por un hombre que se mordía los brazos e intentaba cortarse las muñecas con un pedazo de cartón y un peine.

Otra llamada ocurrió en octubre, un día antes de que Lunas Campos fuera visto con una sábana atada al cuello. Un hombre que estaba en una celda de aislamiento médico para descartar tuberculosis intentó ahorcarse, según dijo quien llamó al operador del 911.

Los intentos de suicidio son señales de alerta de una problemática más amplia en un centro de detención, que podría incluir estrategias inadecuadas para observar o detectar autolesiones, o problemas médicos más generales, dijo Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango de ICE, que prestó servicio durante los gobiernos de Obama, el primero de Trump y el de Biden.

De las 53 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump volvió a la Casa Blanca, al menos 10 se han reportado como presuntos suicidios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido investigaciones independientes sobre las muertes en el ICE y ha expresado alarma por el uso reportado del confinamiento solitario.

“Uno esperaría que, si se presentan varios resultados negativos e incidentes problemáticos como ese, se realizaran revisiones de los incidentes críticos, se averiguara qué estaba pasando y se intentaran tomar medidas correctivas”, dijo Trickler-McNulty.

La semana pasada, el inspector general del DHS abrió investigaciones sobre las muertes de detenidos y sobre si la agencia ha cumplido sus propios estándares en el uso de la fuerza,  citando el aumento de fallecimientos bajo custodia desde 2022.

Otros problemas ya habían sido señalados en un informe publicado en junio por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). El organismo detectó que se habían desperdiciado millones de dólares, señaló vacíos en la atención médica y advirtió de condiciones insalubres en el centro de El Paso. El informe menciona que, en octubre, funcionarios de ICE expresaron preocupación a los contratistas por la falta de ventanas en algunas puertas de las salas de retención médica, lo que impedía observar con facilidad lo que ocurría en el interior.

El funcionario del DHS señaló muchos otros problemas en los que el gobierno podría haber trabajado para mejorar la situación: podría haber asignado más agentes de ICE para ayudar a resolver la escasez crónica de personal, haber creado más actividades recreativas y haber instalado carpas especiales con salas de prevención de suicidios.

“No era por falta de dinero ni espacio, y había un incentivo evidente para hacerlo”, dijo el funcionario, refiriéndose a los intentos de suicidio en el centro. “Simplemente no lo hicieron”.

Parecía haber un tira y afloja entre el personal de carrera de ICE y los funcionarios designados políticamente, dijo el funcionario del DHS a las dos organizaciones de noticias.

“Los responsables políticos no querían dar la impresión de que la situación era un caos; querían hacer como si nada estuviera pasando”, señaló el funcionario.

Incluso sin los cambios propuestos, el personal del centro de detención debió haber hecho más para tratar la enfermedad mental de Lunas Campos, afirmó Joanne Ahola, una psiquiatra que ha pasado 17 años evaluando a inmigrantes dentro de centros de detención para la Red de Asilo, una iniciativa de voluntarios de Physicians for Human Rights. También revisó los expedientes del detenido a petición de ProPublica y el Tribune.

Las primeras súplicas de ayuda de Lunas Campos continuaron durante todo su tiempo en detención. Casi dos semanas tras su intento de suicidio, volvió a señalar que no estaba recibiendo sus medicamentos.

“El paciente informó sentirse muy frustrado y ansioso porque no había recibido su medicación desde hacía un par de días”, se lee en una nota médica del 19 de octubre. En esta se indica que Lunas Campos estaba visiblemente “irritado y gritando”.

Otra nota, del 10 de noviembre, señala que Lunas Campos “no había recibido sus medicamentos desde el 6 de noviembre”.

Y, el 11 de noviembre, más de un mes después de que el personal le dijera que estaban gestionando su traslado a un centro con mayor nivel de atención, identificado como HLOC, seguía en espera. “Continúa solicitando el traslado a HLOC, alegando que las condiciones en el centro actual afectan negativamente su salud mental”, de acuerdo con una nota de esa fecha.

Lunas Campos fue trasladado temporalmente a otro centro, pero se trataba de otro centro de detención, que, según los expertos, tampoco ofrecía el nivel de atención que necesitaba.

El 2 de enero, un día antes de morir, regresó a Camp East Montana. Una nota del personal médico registrada a las 9:42 p.m. señala que “se brindó apoyo emocional”, se “revisaron técnicas de respiración y de arraigo para manejar la ansiedad”, se le alentó “a buscar apoyo continuo de salud mental según fuera necesario” y se agregó su nombre a la lista de consulta médica para una evaluación psiquiátrica.

“Este es un hombre que necesitaba medicación regular, una evaluación completa, profesionales especializados en salud mental y, sin duda, volver a ser hospitalizado”, dijo Ahola.

“En lugar de eso, casi parece que se minimizó el problema o se intentó barrerlo debajo de la alfombra”, agregó.

A poco menos de dos semanas después del fallecimiento de Lunas Campos, el administrador de salud de Camp East Montana volvió a llamar al 911.

Víctor Manuel Díaz, un nicaragüense de 36 años, fue encontrado en una celda con el pantalón amarrado al cuello. Estaba en una habitación sin ventanas. El personal lo encontró durante una revisión de rutina.

Necesitaban una ambulancia, le dijo el administrador de salud al operador, y le explicó a dónde debían dirigirse los paramédicos al llegar al centro. Sin dudarlo, agregó: “Han venido aquí muchas veces”.

Díaz, quien cocinaba pollo y lavaba platos en un restaurante coreano de Mineápolis, había sido detenido y trasladado en avión a Camp East Montana una semana antes. La GAO señaló que el propio ICE reconoció posteriormente en un informe que el personal no había seguido de manera adecuada los procedimientos después de que Díaz “mostrara factores de riesgo de suicidio”. El personal lo colocó en una sala de retención médica —no en una celda resistente al suicidio— y lo dejó sin supervisión durante periodos de más de 15 minutos, indicó la GAO.

Su autopsia, realizada por el Ejército, no se ha hecho pública.