Plan Michoacán requiere evaluación ciudadana, eliminación de la corrupción y estrategia integral: Mesa de análisis

Franco Gutiérrez señaló que la sociedad civil no ha sido convocada a participar en la elaboración del Plan Michoacán, lo que limita la efectividad de la estrategia frente a la violencia en la región.

Advirtió que es indispensable incluir a las organizaciones locales en mesas permanentes que permitan evaluar y ajustar las medidas de seguridad en tiempo real, ya que estas entidades poseen conocimiento directo de la violencia, la extorsión y el desplazamiento forzado que afectan a las comunidades de Michoacán.

Por su parte, el diputado Bautista Tafolla, señaló que la presencia de cárteles afecta directamente la producción y la economía local, incluyendo lo que sucede en sus predios.

“Actualmente llevo ocho años con presencia de cárteles en mi predio, donde se roba fruta, se falsifican papeleos y se somete a productores y empacadores a la intimidación. Esto impide que los empresarios puedan reinvertir y genera inseguridad para todos”.

Además, advirtió que la corrupción dentro de las instituciones y en el Congreso local limita la eficacia de cualquier plan de seguridad, y que es necesario abordarla para que el Plan Michoacán funcione.

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Durante su participación, el legislador Tafolla relató un episodio que evidencia la complicidad institucional: durante un operativo interinstitucional escuchó a funcionarios de la Fiscalía decir que “ya deberían de chingarse a este presidente”, refiriéndose a Carlos Manzo. Según el diputado, situaciones como esta muestran que la corrupción y la impunidad limitan la efectividad de cualquier plan de seguridad en Michoacán.

José Luis Montenegro, periodista especializado en seguridad, coincidió en la necesidad de que el plan vaya más allá del despliegue militar.

“Michoacán acaso necesita estar sellado para sobrevivir?, el Estado tiene que enfocar sus esfuerzos en acorralar a estos criminales responsables de la muerte”, señaló y recordó que estrategias similares en sexenios anteriores no lograron reducir la violencia ni desarticular las redes criminales que operan en la entidad.

Durante la mesa, los participantes resaltaron que los problemas estructurales —corrupción, falta de participación ciudadana y ausencia de un enfoque integral— han permitido que la violencia y la extorsión se mantengan como fuente de ingresos para grupos criminales, afectando no solo la seguridad, sino también la economía y la gobernabilidad local.

Franco insistió en que se necesitan “mesas permanentes de presencia del gobierno federal en Michoacán que realmente reciban la opinión ciudadana y la blinden de posibles represalias”, mientras que Tafolla llamó a un modelo que integre a productores, juntas locales y grupos indígenas.

Asimismo, el diputado hizo un llamado al crimen organizado para que “no mate a los productores”, ya que ellos están trabajando por tener una mejor comunidad donde haya oportunidad para todas y para todos.

Finalmente, el periodista José Luis Montenegro adviritó que las autoridades han contado con información sobre las redes criminales y sus vínculos con políticos y policías, pero que durante años no se actuó de manera efectiva.

“Se conoce quién fija el precio del limón, del huevo o del pollo, quiénes operan en la entidad y cómo se vinculan con funcionarios”, explicó, lo que evidencia que el Plan Michoacán enfrenta el desafío de actuar sobre problemas que llevan años sin resolverse.