Que CJF desconozca amparos y resoluciones atenta contra derechos humanos de todos: Magistrada Molina de la Puente 
Desde la JUFED siguen luchando por la independencia judicial, indicando que están agotando todos los medios de defensa nacionales e internacionales.
- Redacción AN / RDG
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La magistrada María Emilia Molina de la Puente, directora regional de Igualdad de Género del Primer Circuito de la JUFED, expresó en Aristegui En Vivo su rechazo hacia la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que aprobó el miércoles –por 4 votos a favor y 3 en contra– la entregar al Senado la información para la elección de jueces y ministros, a pesar de las suspensiones judiciales que han frenado la implementación de la reforma judicial.
Molina consideró que la decisión del Consejo de la Judicatura Federal es una violación al Estado de Derecho por haber desacatado los amparos y las resoluciones.
Lo que hemos visto de manera reiterada por todas las autoridades que han estado involucradas -desde el proceso legislativo hasta ahora la implementación- es una violación permanente de estas medidas.
Además, considera “terrible” que en este caso haya sido el propio Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, el cual desconoció la fuerza de las resoluciones emitidas por el propio Poder Judicial de la Federación.
“Es una violación al Estado de Derecho. Es una violación a la estructura que cualquier país necesita para poder funcionar como un Estado democrático y es indispensable para el respeto de todos los derechos humanos de todas las personas”.
Foto: Cuartoscuro
La magistrada aclaró que, aunque las decisiones tomadas por el Consejo no son apelables, existen mecanismos en la ley de amparo para hacer valer las violaciones a las suspensiones.
La aceptación de una suspensión no es optativa; es obligatoria. […] Se tiene que acatar y, si no, es un delito.
Además, aseguró que desde la JUFED siguen luchando por la independencia judicial, indicando que están agotando todos los medios de defensa nacionales e internacionales.
No solo estamos en defensa de nuestros derechos […], queremos garantizar la independencia judicial en nuestro país en beneficio de toda la población.
Asimismo, la magistrada expresó sus preocupaciones sobre la llegada de nuevas autoridades al Poder Judicial, señalando que existen serias posibilidades de que quien sea designado carezca de la preparación y la independencia necesarias para desempeñar su función adecuadamente.
Advirtió que podría desarrollarse un clima de corrupción aún más profundo, lo que a su vez incrementaría la percepción de impunidad y haría que la violencia en el país se agrave.
Además, enfatizó que la falta de garantías para quienes buscan acceso al Poder Judicial no solo afectaría a la Federación, sino también a los poderes judiciales de los Estados. Esta situación, -afirmó-, podría tener repercusiones directas en la justicia cotidiana y, de manera prioritaria, en la protección de los derechos humanos a través del juicio de amparo, que representa el mecanismo fundamental de defensa de los derechos de todos los mexicanos.
“Se han violado todas las las reglas procesales, legislativas, etc. No solamente ignorando las suspensiones, sino que hay cero técnica legislativa. Lo han reconocido incluso los propios legisladores de Morena”, afirmó.
Según el medio Milenio, El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López reveló que él y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intervinieron en la votación del Consejo de la Judicatura Federal.
“A mí no me avergüenza. Si algo tuvimos que ver, lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política y si en algo podemos coadyuvar para la buena marcha de los asuntos públicos del país, lo hacemos”, afirmó Adán Augusto López según Milenio.
La magistrada María Emilia Molina respondió a Adán Augusto López y enfatizó que las decisiones políticas no deben comprometer el Estado de Derecho.
Subrayó que los funcionarios públicos, al asumir sus cargos, no solo son políticos, sino también autoridades que tienen la responsabilidad de respetar y hacer cumplir la Constitución.
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Molina afirmó que la Constitución establece la obligación del Poder Judicial de atender los casos que se le presenten conforme a las reglas del juicio de amparo, además de dictar medidas cautelares y acatar las órdenes judiciales.
“Las autoridades tienen la obligación de garantizar el Estado de Derecho. No es suficiente con hacer política; su papel como autoridades implica una responsabilidad mayor”.
¿Para qué queremos jueces si no se van a acatar las órdenes judiciales?
Enfatizó que todos, incluidos los políticos, están obligados a seguir las decisiones de la justicia, ya que, de lo contrario, el funcionamiento del sistema judicial se ve comprometido.
