'Los Ardillos' cercan comunidades indígenas en Guerrero: defensor

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández afirmó que el grupo criminal conocido como “Los Ardillos” mantiene una ofensiva contra comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, con el objetivo de desplazar a pobladores y debilitar a la policía comunitaria que opera en la región, en medio de una crisis de violencia, asesinatos y desplazamientos forzados.

En entrevista con Aristegui Noticias, el activista sostuvo que el conflicto en la Montaña baja de Guerrero no es reciente, sino resultado de décadas de abandono institucional, control caciquil y expansión del crimen organizado en territorios indígenas.

Barrera dijo que el grupo criminal percibe como enemigas a las comunidades organizadas en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

No tienen esa percepción de que son comunidades que buscan una organización autogestiva, autónoma, desde la perspectiva de los derechos indígenas; no, son rivales a los que hay que vencer, a los que hay que quitar, a los que hay que desplazar y lo están haciendo.

El defensor señaló que las autoridades federales y estatales desplegaron cientos de elementos de seguridad en Chilapa solo tras varios días de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y desplazamiento de familias en comunidades como Alcosacán, Tula y Chicotlán.

De acuerdo con información difundida por autoridades, en la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 integrantes de la Guardia Nacional y 200 policías estatales —al menos 1,290 elementos en total— además de helicópteros, ambulancias y personal médico para atender a la población afectada.

No hubo intervención de las autoridades a pesar de las llamadas de auxilio de las madres, de las niñas, de los comunicados.

El defensor de derechos humanos señaló que las comunidades indígenas de Chilapa han permanecido históricamente marginadas por gobiernos municipales y estatales; explicó que el municipio ha sido controlado durante décadas por grupos caciquiles ligados primero al PRI y posteriormente al PRD, lo que, aseguró, dejó fuera de las decisiones públicas a las comunidades nahuas de la región.

“Las comunidades indígenas siempre son consideradas como súbditos, como objetos de apoyo nada más, pero no como sujetos políticos”, sostuvo.

Incluso, aseguró que muchas de las más de 100 comunidades indígenas de Chilapa carecen de servicios básicos, infraestructura carretera, hospitales, escuelas, y “donde hacen falta maestros, donde no hay servicios médicos”, indicó.

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Barrera explicó que, además del abandono institucional, la presencia de grupos criminales se consolidó en la región durante las últimas dos décadas, particularmente con la expansión de “Los Ardillos”.

Según dijo, las comunidades organizadas en torno a la CRAC y la policía comunitaria fueron identificadas como un obstáculo para el control territorial de la delincuencia organizada.

Asimismo, hizo un recuento de distintos hechos violentos registrados en la región durante los últimos años y que, aseguró, permanecen impunes.

Recordó que en diciembre de 2020 fueron asesinados 10 músicos originarios de Alcozacán, hecho que provocó indignación en Guerrero y derivó en promesas gubernamentales que, dijo, nunca se cumplieron.

Quedaron promesas de que iban a construir un hospital, de que iba a haber escuelas secundarias; en fin, no hubo nada y la violencia siguió.

También mencionó el asesinato de dos mujeres y diversos ataques contra integrantes de la policía comunitaria.

El activista afirmó que el episodio más reciente comenzó el pasado 2 de mayo, cuando fue asesinado Isaías Luna, comandante de la CRAC en Chicotlán.

“Estaba construyendo una casa con tres ayudantes, a los cuatro los asesinaron; entró una camioneta, los rafaguearon y los mataron”; luego, hombres armados ingresaron a la comunidad nahua de Tula, provocando la huida de habitantes, y días después ocurrió lo mismo en Chicotlán.

El ataque más grave, apuntó, ocurrió en Alcozacán, considerada una de las principales comunidades de resistencia de la policía comunitaria.

Llegaron a unos metros e iban subiendo quemando cerros para quitar a toda la gente, hacerla que se fuera o matarla.

Ataques dejan más de 2,000 personas afectadas

Abel Barrera también cuestionó las cifras oficiales sobre personas desplazadas y afirmó que la magnitud de la crisis humanitaria es mucho mayor a la reportada inicialmente por autoridades.

Mientras funcionarios federales mencionaron alrededor de 96 personas desplazadas y posteriormente 120, el defensor señaló que organizaciones comunitarias calculan más de 2 mil afectados.

Quienes han huido son todos, no nada más algunos.

Explicó que muchas familias permanecen refugiadas en iglesias, comunidades vecinas o zonas montañosas, mientras otras abandonaron completamente la región e indicó que la población enfrenta escasez de alimentos y falta de condiciones para mantenerse en las comunidades.

“La gente vive del trabajo del campo, apenas empieza a llover, solamente siembran una vez al año, ahorita no hay alimentos”, dijo y mencionó que varias viviendas, animales y parcelas resultaron afectados por los ataques y los incendios provocados en los alrededores de las comunidades.

El fundador de Tlachinollan aseguró que existe una profunda desconfianza hacia las autoridades estatales y municipales debido a antecedentes de violencia y falta de justicia.

Además, informó que muchas personas se negaron a ser trasladadas a albergues en Chilapa porque consideran inseguro acudir a la cabecera municipal, porque “la gente dice: nos vamos a quedar en la comunidad, pero queremos seguridad, queremos protección”, afirmó.

Incluso señaló que habitantes consideran riesgoso acudir a Chilapa para recibir atención médica, vender productos o realizar trámites.

No podemos ir a curarnos a Chilapa porque nos matan.

También criticó la efectividad de los retenes militares instalados en la región y consideró que los operativos no han logrado contener a los grupos armados, porque, dijo, “la gente ha visto que son inoperantes porque no contienen nada”, declaró.

Pide investigaciones y desmantelar estructuras criminales

Barrera insistió en que la estrategia gubernamental debe incluir investigaciones judiciales y el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en la región.

Se habla más de 70 asesinatos, se habla más de 25 personas desaparecidas.

Según explicó, varios de los casos están relacionados con integrantes y simpatizantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)”, organización vinculada a comunidades que respaldan a la policía comunitaria.

Además, acusó que grupos criminales han utilizado comunidades indígenas para realizar movilizaciones y presionar políticamente a autoridades estatales y destacó que “han ido encontrando también un bastión a su favor para que estas comunidades que se pliegan sean clientela cautiva de la delincuencia”.

Por ello, pidió una intervención integral que contemple programas sociales, hospitales, escuelas, seguridad y acceso a la justicia.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal mantendrá presencia permanente en la zona y aseguró que se busca pacificar la región mediante el diálogo.

“Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias”, declaró la mandataria.

Sheinbaum señaló que funcionarios federales, estatales y personal de atención a víctimas se trasladaron a las comunidades afectadas para entregar ayuda humanitaria y atender a personas lesionadas; además, indicó que las investigaciones sobre posibles delitos seguirán su curso.

Ante ello, Barrera consideró importante que el gobierno federal reconozca la existencia y legitimidad de las guardias comunitarias, aunque insistió en que la Fiscalía debe actuar contra los responsables de los crímenes cometidos en la región.

Si no hay una actuación firme sobre las investigaciones, como ha pasado con los crímenes en Guerrero, no va a cambiar la situación.

El defensor también alertó que situaciones similares de violencia se registran actualmente en otras comunidades indígenas de Guerrero, como Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, donde, aseguró, operan los mismos grupos armados.