UIF no ve nexos criminales en caso OFAC de 11 empresas en Tamaulipas: Sheinbaum
La presidenta distinguió entre las sanciones de Estados Unidos y las pruebas de vínculos delictivos que justificarían abrir una investigación en México.
- Redacción AN / KC
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha reportado a la presidencia sobre vínculos con la delincuencia organizada en el caso de las cuatro personas y 11 empresas sancionadas por Estados Unidos, con domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, puede imponer sanciones financieras, pero sostuvo que las irregularidades en cuentas bancarias no prueban por sí mismas nexos con organizaciones criminales.
Hasta donde me han informado, la Secretaría de Hacienda no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva.
También, la presidenta señaló que el Gobierno de México acompaña las medidas de inmovilización de cuentas anunciadas por Estados Unidos cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encuentra elementos que las justifican.
En otros casos, explicó, no respalda las sanciones si no cuenta con pruebas suficientes.
Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada.
Sheinbaum indicó que, si las autoridades estadounidenses aportan información que acredite posibles vínculos criminales, se puede abrir una carpeta de investigación en México para perseguir los delitos correspondientes.
En cambio, cuando la UIF detecta irregularidades financieras, tiene la obligación de presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que debe investigar los posibles delitos.
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La OFAC anunció las sanciones el 13 de octubre de 2026; de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, las personas y empresas designadas estarían vinculadas con el Cártel del Noreste mediante una red de negocios relacionados con carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y combustibles.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esa red habría servido para lavar recursos ilícitos y financiar las operaciones del grupo criminal.
Estos señalamientos corresponden a la versión de Estados Unidos y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial en México.
Entre las empresas designadas están Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), que mantienen relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
