Juzgadoras llaman a no estigmatizar a periodistas desde espacios oficiales
La Asociación Mexicana de Juzgadoras advirtió que los señalamientos desde el poder pueden alimentar campañas de hostigamiento, inhibir el ejercicio periodístico y deteriorar las condiciones para un debate público libre y plural.
- Redacción AN / MDS

La Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC) expresó su preocupación por el uso de espacios públicos oficiales para identificar, exhibir o descalificar a periodistas, medios de comunicación y personas que mantienen posiciones críticas frente al gobierno, en el contexto de la polémica generada por la presentación de una presunta red de amplificación digital de contenidos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y la autodenominada Cuarta Transformación.
En un comunicado, la organización sostuvo que, aunque las autoridades pueden informar, aclarar datos y combatir la desinformación, esa facultad no debe convertirse en un mecanismo para señalar o estigmatizar a quienes ejercen el periodismo o expresan opiniones críticas.
“En una sociedad democrática, el ejercicio del poder público está necesariamente sujeto al escrutinio, la crítica y el debate”, señaló AMJAC.
La organización subrayó que la libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares del Estado democrático de derecho y que su protección adquiere particular relevancia cuando las expresiones cuestionan o fiscalizan al poder.
En ese sentido, estableció una diferencia entre acreditar la existencia de redes artificiales de amplificación, campañas coordinadas o mecanismos de desinformación y atribuir esas prácticas a periodistas, medios u organizaciones únicamente por sostener posiciones críticas frente al gobierno.
“La crítica no puede convertirse en indicio de pertenencia a una red de desinformación”, advirtió.
AMJAC también recordó que quienes ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad reforzada por el alcance de sus expresiones, debido a que los mensajes provenientes de las más altas instancias del Estado cuentan con autoridad institucional, recursos públicos y una capacidad de amplificación mayor que la de las personas a quienes señalan.
“Los mensajes provenientes de las más altas instancias del Estado no se producen en condiciones de igualdad frente a las personas a quienes señalan”, aseguró.
La asociación alertó que la estigmatización desde espacios oficiales puede tener consecuencias que trasciendan el discurso, al “alimentar campañas de hostigamiento, inhibir el ejercicio periodístico y deteriorar las condiciones necesarias para un debate público libre y plural”.
“La democracia no se fortalece clasificando las voces críticas. Se fortalece garantizando que puedan expresarse, investigar, cuestionar y disentir sin temor a represalias ni señalamientos provenientes del poder”, afirmó.
“Defender la libertad de expresión no significa defender una determinada postura editorial. Significa defender el derecho de todas las personas a cuestionar al poder”, sostuvo la asociación.
Las juzgadoras llamaron a las autoridades a preservar los espacios institucionales como ámbitos de información y rendición de cuentas, abstenerse de utilizar recursos o plataformas públicas para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación y garantizar condiciones efectivas para el ejercicio libre, plural y seguro de la libertad de expresión.
“Sin prensa libre, sin crítica y sin disenso, no hay democracia constitucional”, concluyeron.
El pronunciamiento ocurre después de que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentara el pasado miércoles en Palacio Nacional un análisis sobre una presunta “red de amplificación digital” que, según explicó, difunde y multiplica mensajes críticos contra el gobierno federal y la Cuarta Transformación.
La funcionaria describió un supuesto ecosistema compuesto por cuatro capas: medios y analistas; figuras públicas y emisores políticos; cuentas anónimas o de ataque, y un anillo de amplificación identificado como bots.
En la primera capa, Alcalde ubicó principalmente 54 cuentas de medios y comentaristas, a las que atribuyó 282 mil 866 publicaciones durante el periodo estudiado. De acuerdo con su explicación, esas cuentas “originan y legitiman” mensajes mediante investigaciones, noticias y opiniones.
Entre los medios y periodistas mencionados aparecieron Aristegui Noticias, Atypical, Bibiana Belsasso, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, ADN 40, Azteca Noticias, El Universal, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Latinus, Reforma, Sergio Sarmiento, Denise Dresser y Carlos Alazraki.
En la segunda capa, Alcalde ubicó 32 cuentas asociadas con personajes políticos, a las que atribuyó 67 mil 215 publicaciones. La tercera correspondió a 34 cuentas anónimas identificadas como cuentas de ataque, trolls o un bloque anónimo, con 213 mil 580 publicaciones.
La cuarta capa, según la presentación, correspondió a un anillo de amplificación integrado por unas 560 mil cuentas, de las cuales alrededor de 500 mil fueron identificadas como parte de la red. A ese conjunto se le atribuyeron aproximadamente 22 millones de publicaciones.
También señaló que alrededor de 33% de las publicaciones de ese anillo había podido ser geolocalizado y que, además de México, se habían identificado nodos en Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia, Perú y Ecuador.
Alcalde vinculó la presunta operación con narrativas relacionadas con señalamientos de un “narcogobierno”, acusaciones sobre huachicol, la idea de un régimen autoritario y referencias a presiones externas de Estados Unidos.
Un día después de la presentación, la consejera jurídica negó que los medios y periodistas mencionados formaran parte de la operación. En un mensaje publicado en redes sociales afirmó: “Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”.
Sin embargo, en su exposición del 12 de agosto había descrito a los medios y comentaristas como una “primera capa” del supuesto ecosistema y señalado que esas cuentas “originan el mensaje”.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el viernes que exista una lista de medios o periodistas elaborada por su gobierno y defendió la presentación realizada por Alcalde como un análisis sobre el funcionamiento de las redes sociales y la amplificación de contenidos.
“No hay ninguna lista de ningún tipo”, dijo durante su conferencia matutina.
La mandataria afirmó que existe “la mayor libertad de expresión en la historia” y recordó presiones a periodistas y medios durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y afirmó que en esos periodos hubo intervenciones para retirar a comunicadores de espacios de radio. “¿Quién le llama al dueño de la radio para decirle ‘corre a Carmen Aristegui’? Porque eso lo hizo Calderón y luego Peña”, sostuvo.
La periodista Carmen Aristegui recordó que las presiones señaladas por la presidenta ocurrieron y rechazó que la libertad sea una “graciosa concesión del gobierno”. “La libertad, por cierto, no es para agradecerle al gobierno que podamos decir lo que estamos diciendo. Es un derecho”, dijo.
“Nos ha costado defender este derecho a la libre expresión en México muchísimo”, señaló en alusión a las batallas, incluidas las del terreno judicial, que los periodistas han librado para defender el derecho a ejercer su labor.


