Bloquear extradiciones e investigaciones 'es un delito' en México y Estados Unidos, advierte Buscaglia

El analista político y académico Edgardo Buscaglia sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está obligado, por tratados internacionales firmados y ratificados por México, a colaborar con las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que la presidenta “está intentando ganar tiempo escudándose con el concepto de soberanía”, pero sostuvo que “la soberanía mexicana está sujeta a los compromisos que México como país soberano firmó y ratificó”.

El especialista señaló que México suscribió convenciones internacionales de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, las cuales, dijo, obligan al Estado mexicano a facilitar extradiciones, compartir información y realizar investigaciones conjuntas con otros países.

“Ella está obligada como jefa del Poder Ejecutivo a cooperar, a facilitar la extradición, a facilitar la investigación de Estados Unidos y de cualquier otro país que haya firmado y ratificado estas leyes internacionales”, declaró.

Buscaglia sostuvo que la mandataria no puede invocar la soberanía para rechazar solicitudes de cooperación judicial. “No se aplica el escudo de la soberanía en estos casos, cuando ella se resiste a cooperar con los estados que le solicitan ayuda para extraditar, para investigar, para aportar datos potencialmente de prueba”, dijo.

El académico afirmó que las declaraciones de la presidenta sobre la inexistencia de pruebas reflejan, a su juicio, un entendimiento incorrecto del proceso judicial. “La prueba surge en el juicio, durante el juicio”, indicó, al tiempo que insistió en que las personas señaladas “son inocentes hasta declararlos culpables”.

También aseguró que bloquear investigaciones o extradiciones puede constituir un delito. “La obstrucción a la justicia es un delito en México y en Estados Unidos”, advirtió.

Buscaglia consideró que la estrategia de Washington cambió a partir del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, al incorporar acusaciones relacionadas con terrorismo contra organizaciones criminales mexicanas.

“Estados Unidos cambió su doctrina desde que llegó Trump al poder y están marcando todos estos casos, no solamente como casos de delincuencia organizada […] sino como actos de terrorismo”, señaló.

Enfatizó que las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, están vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. “Cuando un político protege a una organización criminal que exporta fentanilo, es un acto de terrorismo para Estados Unidos”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que Estados Unidos podría intensificar operaciones de inteligencia contra grupos criminales mexicanos. “La presidenta Shainbaum, con su permiso, sin su permiso, Estados Unidos va a seguir operando con equipos encubiertos, militares y civiles”, adelantó.

“Enviar equipos encubiertos sin la cooperación de México al territorio mexicano es una violación al marco jurídico internacional establecido, y yo estoy en contra de eso”, expresó.

Como alternativa, planteó que el gobierno mexicano impulse investigaciones conjuntas entre autoridades de ambos países. “Que la presidenta proponga, a través de la Fiscalía General de la República, un marco de investigación en conjunto”, planteó el académico.

Añadió que dichas investigaciones deberían incluir tanto a las 10 personas mencionadas actualmente como a otras que, aseguró, formarían parte de una lista más amplia bajo revisión del Departamento de Justicia estadounidense.

El académico señaló que este tipo de esquemas ya se aplicaron en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo y mencionó el caso del exgobernador Mario Villanueva en Quintana Roo.

Asimismo, sostuvo que los procesos judiciales tendrían que derivar no solo en el congelamiento de cuentas, sino también en decomisos patrimoniales y mecanismos de reparación para víctimas.

“Congelamiento no significa nada, significa congelar de manera preventiva”, afirmó. En cambio, propuso que, en caso de sentencias condenatorias, “se decomisan los bienes de estas personas y los de sus familiares que estén vinculados a esos patrimonios”.

Buscaglia aseguró que la crisis de violencia y desapariciones en México requiere investigaciones de gran escala contra estructuras político-criminales: “Hasta ahora estas causas penales que está impulsando Estados Unidos, solamente atiende a las muertes norteamericanas, las muertes mexicanas continúan sin justicia”.

Dijo que la presidenta Sheinbaum tiene que demostrar su rol histórico como estadista o decidir “si va a ser una protectora de la delincuencia organizada”, como ocurrió con sus antecesores, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, consideró que la presidenta enfrenta una definición política e histórica frente a este escenario. “Tiene que entender que no tiene opción en el marco legal establecido”, sostuvo.