Periodista denuncia acoso judicial tras investigaciones sobre corrupción en Puebla

El periodista Rodolfo Ruiz, director del periódico Digital E-Consulta Puebla, denunció ser víctima de un proceso judicial “inequitativo, ilegal e injusto”, luego de ser imputado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una causa que —según explicó— se originó tras la publicación de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en gobiernos estatales y en la Fiscalía de Puebla.

Ruiz señaló que la investigación en su contra se abrió en enero de 2020, durante la administración del entonces gobernador Miguel Barbosa, después de que documentara casos de corrupción de funcionarios estatales.

En ese periodo, dijo, también enfrentó varios juicios civiles por daño moral promovidos por el propio exmandatario.

La carpeta por presunto lavado de dinero permaneció sin avances durante casi cuatro años y fue reactivada a finales de 2025, tras nuevas publicaciones críticas.

Entre los trabajos periodísticos que, a su juicio, detonaron la reactivación del caso, mencionó reportajes sobre presuntas irregularidades en el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, investigaciones sobre abusos y extorsiones atribuidas a funcionarios de la Fiscalía.

También, publicaciones sobre el uso de una aplicación para promover propaganda gubernamental y reportajes sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el Hospital Psiquiátrico de Puebla.

El periodista afirmó que la imputación se basa en la presunción de que habría pagado a sus abogados con recursos ilícitos y en efectivo, versión que rechazó.

Explicó que los pagos realizados ascienden a 320 mil pesos, efectuados mediante transferencias bancarias y respaldados con facturas.

“Son acusaciones sin sustento”, sostuvo, al señalar que incluso el abogado involucrado ya declaró ante la Fiscalía y negó haber recibido los montos que se le atribuyen.

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Ruiz también denunció irregularidades procesales, entre ellas que la imputación se realizó sin que él ni su defensa tuvieran acceso completo a la carpeta de investigación, así como que la audiencia inicial fue encabezada por un funcionario judicial que, según dijo, no contaba con facultades jurisdiccionales.

Añadió que la presión ejercida durante las audiencias derivó en la renuncia de sus primeros abogados defensores.

Actualmente, el periodista se encuentra imputado —no vinculado aún a proceso— y enfrenta medidas cautelares que incluyen la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado y la prohibición de salir del país.

La Fiscalía busca que sea vinculado a proceso en una audiencia programada para el 23 de diciembre.

Ruiz sostuvo que el procedimiento en su contra forma parte de un intento por silenciar su labor periodística y afectar al medio que dirige.

“La intención es desaparecerme de la vida pública y callar investigaciones incómodas”, afirmó, al señalar que existe preocupación en el gremio periodístico por el uso del aparato judicial contra comunicadores críticos.

Debe ponerse alto al uso del derecho penal por la Fiscalía poblana contra Ruiz: Artículo 19

Artículo 19 México y Centroamérica exigieron un alto al uso del derecho penal, así como garantía al debido proceso en el caso del periodista Rodolfo Ruíz.

Recordó que la investigación contra el periodista tiene su origen hace cinco años y es realizada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Este proceso representa un uso abusivo del derecho y se vislumbra como una represalia por sus publicaciones en las cuales expone extorsiones a empresarios por funcionarios de la Fiscalía Poblana.

“El trabajo periodístico de Rodolfo Ruíz ha impulsado investigaciones ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios dentro de la propia Fiscalía poblana, resultando en la destitución de los titulares de la Fiscalía de Investigaciones de Operaciones con Recursos Ilícitos y de la Fiscalía de Alta Incidencia por extorsión a empresarios. Llamando la atención que la propia fiscalía que Rodolfo expuso, sea ahora quien entregue a un juez de control una carpeta que tardó 5 años en integrar”.

Detalló que el 17 de diciembre, después de violaciones al debido proceso por parte del ministerio público y omisión de garantías procesales por parte del Abogado Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, Puebla, se formalizó imputación en contra del periodista y se le impusieron medidas cautelares como firmas mensuales y una prohibición de salir del país.

Artículo 19 detectó violaciones al descubrimiento probatorio, en consecuencia faltas al principio de lealtad y por ende violaciones al debido proceso, consagrado en la Constitución mexicana en su artículo 20 A), así como en el 8.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que el Estado debe garantizar a toda persona imputada que tendrá todo el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa de manera adecuada.

De igual manera, la ONG expresó su preocupación por el bloqueo a medios de comunicación durante el proceso. La organización le recuerda a la autoridad juzgadora que el principio de publicidad es uno de los rectores del sistema acusatorio penal, así señalado en el artículo 5to del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirve para garantizar la transparencia y el buen derecho, entre otros, limitando la presencia de público y medios para garantizar derechos victimales, en audiencias en las que se prevea participación de menores de edad o, se trate de delitos de índole sexual. Sin embargo, el Juez de Control determinó que las audiencias fueran a puerta cerrada, desalojando incluso a familiares y medios de comunicación de la sala sin justificación alguna.

Señaló que el uso de procesos judiciales o ministeriales contra periodistas por parte de autoridades, pretenden el silenciamiento, la autocensura, y en este caso la represalia por haber documentado periodísticamente delitos por parte de funcionarios de la propia Fiscalía que hoy son acusadores. Esta organización documentó en los primeros siete meses de este año al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa, siendo Puebla un estado clave donde se repiten estos patrones desde hace ya varios años.

Esta no es la primera vez que el medio e-consulta y Ruiz han sido víctimas de acoso judicial. En las administraciones pasadas del gobierno poblano, el medio y su director fueron víctimas de arriba de 8 procesos por distintas vías legales.

Por ello, Artículo 19 exhorta a Joel Daniel Baltazar Ávalos, juez de Control del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, Puebla, para que en la próxima audiencia señalada para el 23 de diciembre garantice la adecuada defensa, el debido proceso y el principio de publicidad que es pilar en el proceso penal acusatorio.

Asimismo, llama a la Fiscalía General del Estado de Puebla a abstenerse de utilizar el proceso penal como mecanismo de represalia contra la prensa, en especial de Rodolfo Ruiz y del medio e-consulta.