Sombras y soberanía: crimen organizado y autoridades desorganizados | Columna de Alberto Islas

Por Alberto Islas

Históricamente, el vínculo de seguridad entre México y los Estados Unidos ha oscilado entre la urgencia de colaborar y la protección de la autonomía nacional. Las operaciones conjuntas orientadas a desarticular a los grupos del narcotráfico y las tramas delictivas organizadas han exigido que organismos de inteligencia foráneos operen en suelo mexicano, lo que ha impulsado cambios en la normativa legal y, al mismo tiempo, ha derivado en crisis de carácter internacional.

El Marco Legal: La Regulación de Agentes Extranjeros en México

La presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) así como el Cuerpo Nacional de la Policía Española y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)  en México ha estado históricamente regulada por convenios bilaterales. Sin embargo, la legislación mexicana ha evolucionado para establecer límites a su operatividad.

Aunque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las bases de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en México, fue la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en diciembre de 2020, la que redefinió drásticamente las reglas del juego para los agentes extranjeros.

Esta legislación, impulsada tras tensiones diplomáticas significativas (como la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en EE. UU.), fue diseñada por el general  Audomaro Martínez Zapata, quien estableció lineamientos para controlar la recopilación de agencias extranjeras en México:

• Pérdida de inmunidad: Los agentes extranjeros no gozan de plena inmunidad diplomática si cometen delitos en territorio mexicano.
• Obligación de compartir inteligencia: Se les exige compartir con el Estado mexicano toda la información e inteligencia que recopilen en el país.
• Prohibición de arrestos: Los agentes extranjeros no tienen facultades para realizar arrestos ni para participar directamente en operativos tácticos; su labor debe limitarse al enlace y al intercambio de información.
• Registro estricto: Deben informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre sus movimientos y reuniones con funcionarios mexicanos.

México argumenta que estas acciones buscan proteger la soberanía nacional, aunque han generado fricciones operativas con las agencias estadounidenses, que sostienen que el riesgo de filtraciones limita la eficacia de las investigaciones conjuntas. Esto se basa en que hay exfuncionarios en prisión en Estados Unidos por formar parte de una red criminal: Genaro García Luna, Édgar Veytia e Iván Reyes Arzate, entre otros.

Incidentes con agentes extranjeros

A pesar de que las leyes mexicanas establecen que los agentes extranjeros no deben estar en la línea de fuego, la realidad operativa y la infiltración del crimen organizado han provocado que varios oficiales hayan sido víctimas de ataques directos. Desde la década de 1980 hasta la fecha, estos son los incidentes más graves que han tensado la relación bilateral:

1. El Caso Kiki Camarena (1985)

El asesinato del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, es el punto de inflexión en la historia de la guerra contra las drogas. Camarena había logrado infiltrarse y desmantelar el inmenso rancho de marihuana “El Búfalo”, perteneciente al Cártel de Guadalajara.

En febrero de 1985, fue secuestrado a plena luz del día en Guadalajara por policías corruptos al servicio de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Camarena fue brutalmente torturado durante días antes de ser asesinado. Este evento desencadenó la “Operación Leyenda” por parte de EE. UU. y cambió las reglas de seguridad y despliegue de la DEA en el extranjero.

2. El asesinato de Jaime Zapata (2011)

El 15 de febrero de 2011, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jaime Zapata y Víctor Ávila, viajaban en una camioneta blindada con placas diplomáticas por una carretera de San Luis Potosí. Fueron emboscados por sicarios del cártel de Los Zetas.

Los atacantes obligaron al vehículo a detenerse y dispararon a través de una rendija en la ventana, asesinando a Zapata y dejando a Ávila gravemente herido. La investigación reveló que las armas utilizadas por los sicarios habían sido introducidas en México a través de la fallida operación estadounidense de tráfico de armas “Rápido y Furioso”, lo que provocó un escándalo binacional.

3. Emboscada en Tres Marías (2012)

En agosto de 2012, un vehículo diplomático de la embajada de Estados Unidos fue brutalmente atacado en la carretera a la altura de Tres Marías, Morelos. A bordo viajaban dos agentes de la CIA y un capitán de la Marina Armada de México.

Lo perturbador de este caso fue que los atacantes no eran sicarios de un cártel, sino agentes de la Policía Federal de México, quienes dispararon más de 150 veces contra la camioneta blindada. Los agentes sobrevivieron gracias al blindaje y a la intervención de otras unidades, pero el incidente destapó la profunda infiltración y corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que además filtró a la prensa los nombres de los agentes de la CIA.

El incidente en Chihuahua

En la sierra de Chihuahua, tras el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas, ocurrió un accidente fatal en el que murieron dos agentes extranjeros y el jefe de investigación estatal. El suceso evidenció la descoordinación entre las autoridades, la falta de confianza y la tendencia a politizar los eventos, sin abordar los problemas estructurales.

El fiscal de Chihuahua señaló la participación del ejército en el operativo, y que la presencia de agentes extranjeros habría sido reportada al Estado Mayor y a la presidenta. La falta de información sobre el accidente refuerza la percepción de desconfianza y desorganización institucional.

La desconfianza de las agencias extranjeras hacia la presidenta se basa en la herencia de corrupción de administraciones anteriores y en el bloqueo de investigaciones relevantes. Además, el general Audomaro Martínez Zapata ha sido acusado de facilitar listas de personal diplomático estadounidense al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.