Empresas poderosas y crimen organizado detrás de desapariciones forzadas a activistas medioambientales, advierte experta
La ONU presentó un informe que revela cómo activistas medioambientales y defensores de la tierra enfrentan desapariciones forzadas por empresas y corrupción.
- Redacción AN / GER
Ana Lorena Delgadillo, integrante del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, presentó en Ginebra el informe “Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente”.
Delgadillo explico en Aristegui en Vivo que este reporte surge en un momento crítico, ante la creciente negación del cambio climático y sus efectos, que impactan directamente a quienes defienden el medio ambiente y territorios.
El informe abarca testimonios de África, Asia y América Latina, especialmente de pueblos indígenas, campesinos y activistas ambientales, quienes sufren discriminación estructural y violencia. Delgadillo destacó que estas desapariciones forzadas ocurren en contextos donde el Estado de derecho es débil, y donde empresas transnacionales, principalmente del Norte global, aprovechan dicha debilidad para alterar leyes, generar violencia y desplazar comunidades.
Además, destacó que el informe documenta la colusión entre empresas privadas, agencias financieras y grupos criminales para proteger o aumentar sus ganancias en sectores como minería, agroindustria y energía, afectando directamente a quienes defienden estos territorios.
Entre 2012 y 2022, cerca de 1,733 defensores fueron asesinados, equivalente a un homicidio cada dos días, y en 2023, el 43% corresponden a indígenas y un 12% a mujeres. Sin embargo, Delgadillo señaló que no existen cifras claras sobre personas desaparecidas, lo que aumenta el riesgo para estas comunidades.
La experta resaltó la responsabilidad estatal, señalando que la ausencia o complicidad del Estado se refleja en la falta de consultas adecuadas, modificaciones legislativas para favorecer intereses empresariales y alianzas con el crimen organizado, que facilitan las desapariciones.
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Para prevenir estos casos, el grupo de trabajo insta a suspender proyectos si existe riesgo de desaparición forzada. Delgadillo alertó que las empresas buscan desligarse de responsabilidad argumentando trabajar bajo leyes locales, pero muchas influyen en cambios legislativos y en las investigaciones para proteger sus intereses.
Finalmente, el informe será presentado en México junto con organizaciones como Tlachinollan, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y más actores, con la intención de crear conciencia y promover acciones concretas para que estas situaciones no se reproduzcan.
