INE: ¿Por qué la salida de la Presidencia exige también un nuevo Contralor? | Artículo Alberto Islas

Durante décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) construyó una de las arquitecturas de vigilancia administrativa más sofisticadas del Estado mexicano. Sobre el escritorio y en la normatividad vigente, el organismo cuenta con todos los diques imaginables para impedir que la discrecionalidad, el conflicto de interés o el uso patrimonialista de los recursos públicos vulneren su operación. Sin embargo, la reciente crisis institucional que desembocó en la renuncia de la Presidenta del INE —en medio de señalamientos por conflictos de interés y posibles afectaciones al patrimonio institucional— ha dejado al descubierto una verdad incómoda: de nada sirve tener controles de primer mundo en el papel cuando el encargado de activarlos carece de la independencia y la experiencia necesarias para hacerlo.

Un Ferrari de control interno estacionado

Si se revisa el diseño institucional del INE, resulta difícil explicar cómo pudieron pasar desapercibidas las irregularidades en la cúpula del Instituto. El INE no es una dependencia improvisada; opera bajo el estándar internacional COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), aterrizado en su Sistema de Control Interno Institucional y operado digitalmente mediante el Sistema de Gestión de Control Interno (SiGCI).

Este modelo obliga a todas las unidades responsables a alimentar anualmente una Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), mapas de calor y Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Más aún, el Principio 8 del modelo COSO adoptado por el Instituto exige evaluar explícitamente la probabilidad de fraude, colusión y conflicto de interés en cada fase de las contrataciones públicas: desde la investigación de mercado y la elaboración de anexos técnicos hasta la adjudicación y la recepción de los entregables.

A ese andamiaje técnico se suma una sólida capacidad financiera. El Órgano Interno de Control (OIC) del INE no es una oficina precaria: recibe un presupuesto superior a los 156 millones de pesos anuales, lo que permite financiar una estructura de élite en la que su titular percibe alrededor de 130 mil pesos netos mensuales, respaldado por titulares de unidad, directores de área con sueldos de alta dirección y equipos especializados en auditoría financiera, tecnologías de la información, investigación, evolución patrimonial y responsabilidades administrativas. Con tres líneas de defensa claramente trazadas y presencia permanente en los comités de adquisiciones, el OIC tenía tanto el mandato legal como el músculo presupuestal para encender las alertas a tiempo. No lo hizo.

El eslabón roto: inexperiencia, vínculos políticos y captura

¿Por qué falló un sistema diseñado precisamente para detectar conflictos de interés y prevenir daños patrimoniales antes de que escalaran a crisis terminales? La respuesta no está en el diseño del modelo COSO ni en la falta de recursos, sino en el perfil y el origen político de quien encabeza el Órgano Interno de Control: Víctor Hugo Carvente Contreras.

Designado en diciembre de 2024 para un periodo de seis años, Carvente Contreras llegó al OIC del INE como resultado de una negociación política en la Cámara de Diputados que privilegió la cercanía partidista por encima del rigor técnico que exige la fiscalización de un órgano constitucional autónomo. Con apenas 38 años y una trayectoria sumamente breve en el ámbito de la fiscalización de alto nivel —habiendo permanecido apenas nueve meses como titular de auditoría interna en el SAT y con un paso previo por la Lotería Nacional—, su perfil, con una titulación en 2014, distaba de la solidez necesaria para auditar un presupuesto operativo de más de 14 mil millones de pesos.

A esa corta experiencia técnica se sumaron, desde el inicio, los señalamientos públicos sobre sus vínculos políticos y su cercanía al círculo de Andrés Manuel López Beltrán, que se encuentra en el SAT. Cuando el contralor de un árbitro electoral llega al cargo impulsado por la misma fuerza política que mantiene afinidad con la Presidencia del Instituto, la autonomía técnica y de gestión que consagra el artículo 490 de la ley electoral se convierte en letra muerta.

La complicidad del silencio preventivo

La función primordial de un Órgano Interno de Control no es actuar como arqueólogo forense cuando el escándalo ya estalló en los medios y forzó la renuncia de la titular del organismo. Su obligación constitucional es preventiva y de detección. A través de la Dirección de Desarrollo Administrativo —encargada de cruzar declaraciones patrimoniales y de intereses— y de la Unidad de Auditoría, el OIC tenía la obligación de identificar cualquier conflicto de interés y frenar contrataciones o decisiones administrativas que comprometieran el patrimonio del INE.

El hecho de que la crisis haya derivado en la salida de la Presidenta del Instituto, sin que el OIC hubiera activado oportunamente los mecanismos preventivos demuestra que la contraloría operó bajo una parálisis inducida. Los manuales de procedimientos, las matrices de riesgos y los 156 millones de pesos de presupuesto fueron neutralizados por la subordinación política.

Proteger al INE exige renovar su Contraloría

La renuncia en la Presidencia del INE cierra un capítulo de desgaste, pero deja intacta la falla estructural que permitió que el problema creciera sin vigilancia. Dejar al frente del Órgano Interno de Control a un funcionario cuya curva de aprendizaje y ataduras políticas impidieron proteger el patrimonio institucional hasta 2030 es condenar al INE a la vulnerabilidad permanente.

El control interno no funciona por generación espontánea; requiere de un contralor con solvencia técnica probada, trayectoria autónoma y total independencia frente al poder político y frente a las propias autoridades electorales. Si verdaderamente se quiere reconstruir la credibilidad y blindar el patrimonio del INE de cara a los próximos procesos electorales, el relevo en la Presidencia es apenas la mitad de la tarea: para proteger al INE, también es indispensable nombrar a un nuevo contralor.

*Alberto Islas es fundador de Global Leading Solutions LLC.