FGR acusa a juez de amparo de actuar como defensor de Cabeza Vaca

Tras el amparo concedido al ex gobernador de Tamaulipas contra la orden de aprehensión que existía en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, de actuar como abogado defensor del imputado y de justificar las operaciones financieras de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mediante un comunicado de prensa, la FGR afirmó que el amparo concedido al mandatario panista está “notoriamente alejado del derecho y del más elemental sentido de justicia”, por lo que adelantó que va a impugnar la sentencia ante un tribunal federal, a la vez que va a analizar las acciones legales que va a emprender contra el juzgador federal.

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La FGR explicó que la resolución del juez Faustino Gutiérrez afecta el combate a la corrupción y atenta contra el Estado de derecho, ya que su sentencia ignoró múltiples precedentes en materia de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Además de cuestionar los criterios utilizados por el juez de amparo para cancelar la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, la Fiscalía lo acusó de no convocar ni emplazar como tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que investigó y presentó ante el juez el expediente de la acusación penal, violando el debido proceso y la Ley de Amparo.

Para la FGR, “era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio”, omisión que calificó como violatoria de la Constitución.

“Esa omisión contraviene de manera clara, lo establecido al respecto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, rebatió la FGR.

Los argumentos de la FGR

La Fiscalía explicó que la cancelación de la orden de captura contra el ex gobernador de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, carece de motivación jurídica, ya que el juez de amparo “se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso”.

La FGR añadió que la propia argumentación del juzgador federal pone en evidencia “la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

En este marco, acusa al juez Gutiérrez Pérez de no haber realizado “un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión”, ni de la argumentación esgrimida por el Juez de Control Iván Zeferín Hernández al librar la orden de aprehensión.

Por lo tanto, denuncia la FGR, “el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado”.

Otro argumento de la Fiscalía para arremeter contra el juez de amparo es que la sentencia cae en el absurdo de que pueden coexistir los delitos de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ignorando decenas de precedentes en los que se reconoce que el ilícito de delincuencia organizada “es autónomo por esencia”, por lo que ni siquiera requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización.

“Innumerables casos existen en los que se ha procedido ministerialmente por delincuencia organizada y por los delitos que son la finalidad de quienes se organizan; se han obtenido órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o autos de formal prisión (según el sistema penal que aplique) y sentencias condenatorias”, puntualizó la Fiscalía.

Por todo lo anterior, la FGR adelantó que va a impugnar la sentencia favorable a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y amagó con proceder en contra del juez de amparo.

Ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió.