Claudia claudica | Artículo de Héctor Tajonar

La presidenta Claudia Sheinbaum ha claudicado. Si hubiera que resumir en una frase el segundo año del segundo piso de la 4T, esa sería la más concisa. Lo digo con pesar y profunda preocupación por el futuro del país.

La jefa del Estado mexicano y comandante de las Fuerzas Armadas se ha rendido ante el poder de la narcopolítica heredada de su antecesor, quien ha visto amenazada su propia impunidad tras la acusación del gobierno estadounidense en contra de Rubén Rocha Moya.

Es justo reconocer que la mandataria enfrenta una de las etapas más adversas y complejas del México contemporáneo, derivada de la complicidad de autoridades federales y estatales de primer nivel, así como de altos mandos de las Fuerzas Armadas, con el crimen organizado.

Algunos analistas vimos la determinación del gobierno estadounidense de combatir a los cárteles del narcotráfico, considerados organizaciones terroristas internacionales, como una oportunidad para enfrentar las redes de macrocriminalidad que dominan vastas zonas del territorio mexicano, así como a cúpulas del poder civil y militar.

Sin embargo, las recientes declaraciones y acciones de la presidenta Sheinbaum revelan que no pudo o no quiso enfrentar ese desafío y optó por doblegarse ante el jefe máximo de la podredumbre cuatroteísta. Su decisión es políticamente suicida y contraria a la ética de responsabilidad que debe regir la conducta de todo estadista. Además, claro, de trágica para el país.

La mandataria ha actuado como representante de un partido político y de un movimiento ideológico, no como jefa de Estado. En consecuencia, ha denigrado a la dignidad del cargo que ostenta y a sí misma.

Al haberse negado a combatir, detener y procesar a la élite política y castrense que ha fomentado la operación y fortalecimiento de los carteles considerados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional de su país, la presidenta Sheinbaum ha puesto en peligro a la economía, la seguridad y la soberanía nacional de México.

LA CAPITULACIÓN

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un acontecimiento de extrema gravedad, sin precedente en las relaciones entre México y Estados Unidos. Un Gran Jurado conformado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del Fiscal Jay Clayton, emitió una acusación oficial contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya (hoy con licencia) y nueve funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa.

A todos ellos se les imputa haberse aliado con el Cartel de Sinaloa “para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas… a cambio de sobornos cuantiosos”. El fiscal Clayton y el Gran Jurado consideran a dicho cartel como “una de las organizaciones criminales más violentas del mundo que ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos”. Nada menos.

El indictment acusa a los presuntos delincuentes de “haber participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos. Entre otras cosas, los acusados han protegido a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para apoyar las actividades delictivas del cartel; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”.

Además de esos cargos, a Rocha Moya se le acusa de haber sido elegido gobernador de Sinaloa “con el apoyo de los Chapitos”.

Con base en el acuerdo binacional sobre la materia, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional de los imputados con fines de extradición. La presidenta Sheinbaum se negó a hacerlo, por “falta de pruebas”. Dos de los inculpados se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

La mandataria se ha convertido en vocera, operadora y defensora de López Obrador, cuya cercanía cómplice con Rocha Moya es innegable; como lo sabe bien la doctora Sheinbaum, quien públicamente ha secundado a su mentor en apoyo a la figura paradigmática de la narcopolítica morenista.

Al erigirse en protectora de esos presuntos delincuentes, la presidenta Sheinbaum se coloca en una posición muy delicada, debido a que ello puede interpretarse como una forma de complicidad, por acción u omisión, relacionada con los delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Apanicado, el caudillo macuspano ha impuesto una estrategia integral de autodefensa urgente: Retórica basada en un nacionalismo demagógico, acusaciones judiciales sin sustento, ocurrencias legislativas, ataques a periodistas y medios; distractores de todo tipo, movilización de huestes y, para culminar, el mitin del domingo 31 en el Zócalo, no sólo para celebrar la victoria electoral de la Presidenta sino para intimidar al gobierno estadounidense mediante un encendido discurso antiyanqui reproducido en las plazas centrales de muchas ciudades del país.

El desenlace del caso Rocha Moya aun es incierto, pero seguramente el Departamento de Justicia de Estados Unidos no permitirá que termine en la exoneración del exgobernador de Sinaloa, como ocurrió en el suceso del general Salvador Cienfuegos. Recordemos que el Departamento de Justicia estadounidense se reservó el derecho de reabrir el juicio al ex secretario de Defensa mexicano.

Además del asunto Rocha Moya, otros dos mega escándalos de corrupción y narcopolítica desarrollados en el gobierno de López Obrador han estallado en el rostro del segundo piso de la cuarta transformación, los menciono brevemente.

El huachicol fiscal representa el mayor suceso de corrupción en la historia del país. Supuso un desfalco al erario de más de 600 mil millones de pesos. Dos sobrinos del secretario de Marina de López Obrador han sido detenidos, pero el almirante Rafael Ojeda Durán ha sido exonerado de antemano por la Fiscalía, a pesar de que él ha reconocido con su propia voz que tenía conocimiento del sangriento mega fraude.

El caso de La Barredora, célula del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, era dirigido por Hernán Bermúdez Requena, nombrado secretario de Seguridad Pública del estado, en 2019, por el entonces gobernador Adán Augusto López; hermano putativo y secretario de Gobernación de López Obrador, además de ex líder de la bancada de Morena en el Senado. Bermúdez Requena está detenido, mientras que el augusto senador sigue disfrutando de impunidad macuspana.

Los tres casos de corrupción y narcopolitica tienen dos factores en común: El uso faccioso de la justicia y la impunidad transexenal ejercida por la Fiscalía General de la República sometida a la voluntad presidencial; así como el involucramiento del jefe máximo refugiado en ‘La Chingada’ con los principales protagonistas de los mencionados casos de delincuencia organizada. Sea por acción u omisión, la presunta complicidad con sus compinches es evidente. Él mismo ha declarado públicamente en varias ocasiones que el presidente de la República está enterado de todos los actos de corrupción que ocurren en el país durante su mandato.

Es indudable que el gobierno estadounidense tiene información precisa acerca de los políticos y militares involucrados en los tres sucesos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado mencionados. Sus fuentes son los principales miembros de los carteles, detenidos en prisiones de Estados Unidos en calidad de testigos protegidos; además de las investigaciones realizadas por sus agencias de inteligencia civil y militar.

Frente a este panorama, lo más probable es que la corrupción política y la macrocriminalidad que ha convertido a México en un narco Estado o en un narco gobierno; sufrirán cambios importantes durante los cuatro años que le restan a este sexenio, con o sin la colaboración de la presidenta en funciones. La lista de narcopolíticos mexicanos en manos de las autoridades estadounidenses es larga.

La claudicación de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá consecuencias funestas para la nación y será juzgada en las urnas, así como por la historia.