México analiza acciones legales tras fallo del CIADI en arbitraje por el caso Calica de Vulcan Materials

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, desestimó la mayor parte de las reclamaciones presentadas por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano, y únicamente dio la razón a la empresa en una medida relacionada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) ocurrida en enero de 2018, informó la Secretaría de Economía.

En un comunicado difundido este lunes, la dependencia señaló que el procedimiento se desarrolló al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo el argumento de que diversas autoridades federales y estatales adoptaron, entre enero de 2018 y 2022, medidas que afectaron la operación de los proyectos de la empresa en México, realizados a través de Calica.

La Secretaría de Economía precisó que la indemnización correspondiente a la medida relacionada con la clausura de un predio de Calica en enero de 2018 representa menos del 1% del monto originalmente reclamado.

Indicó que el Gobierno de México analiza “detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”.

Asimismo, aseguró que “refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.

Por su parte, Vulcan Materials Company sostuvo que la resolución determinó que el Estado mexicano “violó el TLCAN en varios aspectos” y afirmó que “la indemnización monetaria otorgada por el Tribunal a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante”.

En un comunicado, la compañía señaló que el procedimiento arbitral se originó por el presunto incumplimiento de un acuerdo para desbloquear parte de sus reservas de agregados en México y por el “cierre arbitrario” de sus operaciones de extracción en el país. Agregó que, conforme a la normativa aplicable, la decisión del tribunal permanecerá confidencial hasta su publicación.

Antecedentes del conflicto

El litigio internacional se enmarca en la controversia por las operaciones de Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde el gobierno mexicano cuestionó durante los últimos años la explotación de materiales pétreos realizada por la empresa.

En marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existió una expropiación de los terrenos propiedad de Vulcan Materials, sino que estos quedaron dentro de un área natural protegida debido a los impactos ambientales derivados de la explotación fuera de los límites autorizados.

“Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos”, sostuvo la mandataria, quien explicó que la empresa amplió sus actividades sin autorización ambiental y reiteró que “ahí ya no se puede seguir explotando por los impactos ambientales que causó esta extracción fuera del ámbito en donde tenían permitido”.

En septiembre de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto mediante el cual se creó el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y parte de Cozumel, incluyendo la zona donde se ubica la mina Calica.

El decreto estableció un régimen de protección ambiental que restringe las actividades permitidas en el área y asignó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la responsabilidad de proteger, administrar, preservar y restaurar los ecosistemas de la región.

Días después, López Obrador informó que, durante las negociaciones con Vulcan Materials, el Gobierno de México llegó a ofrecer entre ocho mil y diez mil millones de pesos por los terrenos concesionados, propuesta que, dijo, no fue aceptada por la empresa. Tras el fracaso de las negociaciones, el gobierno optó por declarar la zona como área natural protegida, argumentando la necesidad de preservar el medio ambiente.