Reanudan exhumaciones en Jojutla con irregularidades; fiscal supervisa los trabajos

Por Estrella Pedroza

En Morelos se reiniciaron por quinta ocasión las exhumaciones en las fosas de Jojutla, un proceso marcado por irregularidades, fallas en los protocolos y vacíos en la documentación de indicios. Las colectivas que acompañan a las familias señalaron que uno de los aspectos positivos fue la supervisión en la zona del fiscal Fernando Blumenkron Escobar, aunque advirtieron que la confianza dependerá de los resultados.

Los trabajos se realizan en fosas comunes utilizadas durante varios años por la Fiscalía General del Estado de Morelos, anteriormente Procuraduría, que depositó cuerpos de manera irregular en la fosa común del panteón municipal “Pedro Amaro” en Jojutla, principalmente entre 2007 y junio de 2014. Este antecedente explica, en parte, los errores históricos y la complejidad para identificar a las víctimas.

El reinicio de las exhumaciones se da luego de una semana de trabajos para retirar la barda perimetral del panteón, que había impedido continuar con la cuarta fase debido a las fuertes lluvias y al riesgo de colapso sobre las áreas de excavación.

Edith Hernández Torres, representante del colectivo Regresando a Casa Morelos y hermana de Israel Hernández, secuestrado en 2012 y localizado en las fosas de Tetelcingo, describió el arranque de los trabajos como “atropellado y sin control”. Señaló que esta vez no participó el equipo mexicano de antropología forense y que quien “lleva la batuta es la Comisión Nacional de Búsqueda”.

“Hoy iniciamos con una excavación no controlada. Todavía no se ha rescatado ningún cuerpo y creemos que no hay un control adecuado. Nos preocupa que si apenas estamos iniciando, ya ocurran situaciones que no deberían presentarse”, dijo Hernández Torres. También criticó la instalación inicial de una valla metálica que limitaba la participación de las familias como observadoras. “Ese espacio de las familias es un espacio ganado desde Morelos, que podemos ocupar como observadoras. Si no tenemos acceso a esas zonas, prácticamente no podemos supervisar adecuadamente”. Tras gestiones de las colectivas, la valla fue retirada.

La activista reconoció la disposición del fiscal para atender peticiones, pero aclaró que “nosotras no validamos nada hasta que se identifiquen los cuerpos exhumados y regresen a casa. Hasta ahora, de alrededor de 300 cuerpos, solo se han entregado dos”. Hernández Torres también expresó preocupación por la capacidad del semefóro de Jojutla para recibir los cuerpos y destacó la necesidad de un plan extraordinario de identificación con peritos especializados.

Por su parte, Amalia Alejandra Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández —cuyo caso de desaparición y hallazgo en fosas clandestinas fue clave para visibilizar la crisis forense en Morelos— y representante del Colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, coincidió en los problemas logísticos y en la falta de un plan de excavación completo. Señaló que la instalación de vallas limitó el paso de familiares y observadores, algo que no había ocurrido en exhumaciones previas: “Obviamente se mencionó que en las exhumaciones de los ejercicios pasados no había habido esa valla, y la explicación que nos dio la Coordinadora de Servicios Judiciales es que los peritos tenían que trabajar libremente”.

Hernández también destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ahora participará en la toma de muestras de ADN, lo que representa un avance importante para garantizar la correcta identificación de los cuerpos. Además, advirtió que el personal pisaba directamente sobre los montículos donde se encontraban los cuerpos, contraviniendo protocolos de manejo de restos humanos.

“Hoy se hizo mención que el personal que estaba trabajando en el interior de la fosa pisaba sobre el montículo donde estaban los cuerpos sin vida. Fue algo que se pidió, hasta muy tarde nos hicieron caso, y lo que se acuerda es que el día de mañana no lo hagan”.
Otro punto crítico fue el manejo de la tierra cribada: se encontró un fragmento de vértebra lumbar en una zona declarada como “tierra cribada”, lo que podría comprometer la identificación. “Se encontró un fragmento de vértebra lumbar en algo que la arqueóloga había manifestado que era tierra cribada”, señaló.
La supervisión en la zona del fiscal Fernando Blumenkron Escobar fue reconocida como un aspecto positivo.

“Hoy con la presencia del fiscal se percibe un ambiente más relajado. Su intervención permitió acercar a las víctimas y dar seguimiento a las irregularidades”, dijo Hernández. Sin embargo, insistió en la necesidad de protocolos claros, registro sistemático y coordinación institucional. Entre los puntos que destacó para mejorar el procedimiento se encuentran:

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Conocer las dimensiones exactas de la fosa para relacionar hallazgos

Revisar todas las áreas de tierra cribada, incluyendo las adyacentes a la barda del panteón.
Asegurar un trato digno a los cuerpos durante la exhumación.
Registrar cada indicio con fecha y hora, manteniendo control sistemático.
Aplicar la unidad mínima de extracción para clasificar y preservar todos los elementos cercanos a cada individuo.
Hernández consideró que la presencia de la nueva coordinadora de peritos representa una oportunidad para corregir errores previos, aunque reconoció desconocer el historial completo de acompañamiento a estos trabajos. “Pedimos modificaciones para garantizar la identificación del individuo y el manejo adecuado de los niveles y cribado de tierra”, afirmó.
Ambas activistas coincidieron en que, sin un seguimiento riguroso y transparente, los errores del pasado podrían repetirse, afectando la identificación de los cuerpos y el derecho de las familias a recuperar a sus seres queridos.