Ex titular de Seguridad en Guerrero detenido por Caso Ayotzinapa, fue señalado por recibir sobornos de 'Guerreros Unidos' 
El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, supuestamente recibió 300 mil dólares de ese grupo delictivo por realizar un operativo contra 'Los Rojos', rivales de 'Guerreros Unidos', según una declaración ministerial de Sidronio Casarrubias
- Redacción AN / JOF
Por Juan Omar Fierro
El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, detenido el pasado en Tepic, Nayarit, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, debido a señalamientos que lo vinculan con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y a una presunta omisión por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014.
La captura del ex mando policiaco se registró en Tepic, Nayarit, el pasado 27 de octubre, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones y de inmediato puesto a disposición del juez federal que libró la orden de aprehensión en su contra.
Vázquez Pérez era teniente retirado cuando se incorporó como mando a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero como subsecretario de Prevención y Operación Judicial. En enero del 2014, fue designado como titular de la SSP por el entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero.
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Ese mismo año, apareció una manta en su contra, firmada por un grupo delictivo que lo señalaba de tener presuntos vínculos con una organización rival, sin que se conozca de una investigación formal en su contra.
De acuerdo con el expediente del caso Ayotzinapa, tras la detención en octubre de 2014 del líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias Salgado, este declaró ante la Procuraduría General de la República que su organización le habían entregado 300 mil dólares al entonces Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y al que fuera Secretario de Seguridad, Octavio Vázquez Pérez.
El dinero habría sido entregado en esa ocasión para realizar un operativo policial contra “Los Rojos”, el grupo rival de “Guerreros Unidos”, ambos considerados escisiones del Cártel de los Beltrán Leyva.
Además, su nombre aparecía en la libreta de contactos del propio Sidronio Casarrubias. Sin embargo, cabe recordar que el líder de “Guerreros Unidos” salió en libertad tras concluir que sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.
En la declaración ministerial que rindió el 21 de octubre de 2014, el ahora imputado dijo que el día de la desaparición de los normalistas tuvo conocimiento de un enfrentamiento y una balacera en el municipio de Iguala, Guerrero, por un parte que le rindió el entonces Subsecretario de Seguridad, Juan José Gatica Martínez.
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Sin embargo, reconoció que su única orden con respecto a este evento fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala, argumentando falta de personal en la zona.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, explicó.
A petición de la Fiscalía Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), a cargo en ese momento de Omar Gómez Trejo, el pasado 23 de septiembre pasado, el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, libró la orden de aprehensión contra Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, aunque sólo la primera se ha ejecutado.
También están pendientes de cumplimiento las órdenes de aprehensión contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero Lambertina Galeana Marín, y dos integrantes más de ese órgano de justicia por borrar o desaparecer los videos de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en las inmediaciones del Palacio de Justicia, uno de los posibles escenarios de la desaparición de los 43 normalistas.
A la ex presidente del tribunal y a sus subordinados se les acusa de delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con fuentes oficiales.
